DDHH-UCAB: Migrantes del Darién no son vistos como personas con necesidades de protección

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Los primeros registros de venezolanos usando la ruta del Darién se remontan a 2019 y la mayoría no está consciente de los peligros del trayecto, ni por las condiciones topográficas, ni de seguridad. Los riesgos siempre están latentes por la presencia de grupos armados y bandas criminales

Luna Perdomo| TalCual

«Las pesadillas del sueño americano: Documentación de la ruta de dos venezolanos desde Colombia a EEUU» es el nombre del informe presentado, el miércoles 19 de octubre, por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB para mostrar cómo es el tránsito de venezolanos por la selva del Darién.

A manera de claves, se enumeran algunos de los hallazgos más relevantes de los investigadores tras visitar las poblaciones de Apartadó, Turbo y Necoclí, en Colombia, donde entrevistaron a migrantes de diversas nacionalidades para documentar por primera vez el trayecto de venezolanos por esta ruta hasta la frontera entre México y Estados Unidos.

La mayoría de las personas que transitan por el Tapón del Darién no están conscientes de los peligros del trayecto, ni por las condiciones topográficas, ni de seguridad. Sin embargo, cuando superan el Darién, consideran que han pasado la peor parte, cuando no siempre es así.

Las cifras más recientes recogidas por las autoridades de Panamá indican que el número de personas que ha transitado por el Darién en los primeros nueve meses de 2022 supera al de toda la década anterior, con un registro de 158 mil personas, de las cuales cerca de 75% son venezolanas.

Dentro de la selva del Darién no hay presencia de autoridades estatales, ni asistencia médica, ni ayuda humanitaria.

Tanto pobladores locales, como organizaciones de afrodescendientes y de pueblos indígenas se han involucrado en las actividades relacionadas con el tránsito de migrantes: Todos estos actores participan en episodios de extorsión, robos, agresiones y abusos sexuales contra los migrantes y refugiados que por allí transitan.

En la primera mitad de 2022, la organización Médicos sin Fronteras registró 120 casos de violencia sexual y 400 desde abril de 2021.
Algunos migrantes contactan a los traficantes sin conocerlos y con desconocimiento de los riesgos que implica cruzar la selva, ya que estas personas tampoco les informan sobre los peligros y prometen llevarlos por el Darién de forma segura.

Durante la travesía, no solo están expuestos a ser víctimas de robos, extorsión, agresiones físicas y sexuales30; sino también pueden correr el riesgo de ser atacados por animales salvajes (jaguares), picadas de serpientes o insectos —incluyendo riesgo de contagio de dengue y malaria—, fiebre, afectaciones en la piel, puede ocasionar laceraciones en sus extremidades, deshidratación y desnutrición, especialmente en el caso de niños. También son frecuentes las lesiones por caídas, lo que impide a muchos seguir la ruta y quedan extraviados o abandonados en medio de la selva.

Otro riesgo lo constituye la rápida crecida de cauces de agua que puede ocasionar que las personas sean arrastradas o ahogarse por la falta de equipos de seguridad para atravesar los ríos o porque acampan en la orilla y la corriente los arrastra mientras duermen.

Algunos migrantes han reportado haber encontrado cadáveres en descomposición dentro de la selva o debieron dejar los restos de algún familiar o amigo en el camino, lo que les genera traumas psicológicos.

Según fuentes periodísticas, las cifras de migrantes y refugiados venezolanos que fallecieron en los primeros nueve meses de 2022 se ubicó en 15 personas y, al menos, 70 están desaparecidas. Sin embargo, no se conoce el número exacto de personas muertas y desaparecidas; es posible que exista un subregistro debido a la ausencia de estadísticas oficiales sobre la materia y lo difícil que es para las autoridades localizar y rescatar personas o cadáveres.

En cuanto a la respuesta institucional en los siete países que abarca la ruta desde Colombia hasta Estados Unidos, el Centro de DDHH de la UCAB encontró los siguiente:

  • La actitud general de las autoridades, tanto en Colombia como en los demás países que atraviesa esta ruta, es la de asumirse como territorios de tránsito, por lo que se busca acelerar el paso, para que la responsabilidad recaiga sobre el siguiente punto después de su frontera.
  • Algunas autoridades con buena disposición (como es el caso de las instituciones nacionales de derechos humanos) tienen posibilidades limitadas de respuesta, debido a la complejidad de una situación que no puede enfrentarse con las herramientas tradicionales de flujos migratorios regulares.

Por otra parte, se documentaron las necesidades de protección de los migrantes que van por esta vía. Entre ellas destacan:

  • A estas personas se les considera migrantes en tránsito, no se les identifica como sujetos con necesidades de protección.
  • La presencia de grupos delictivos y de tráfico de personas actúan con la tolerancia o en complicidad de las autoridades.
  • La falsa creencia de que quienes transitan por esa ruta tienen recursos, genera expectativas en pobladores locales y funcionarios que se aprovechan de las personas de diferentes maneras que van desde el sobreprecio de productos y servicios hasta la extorsión y el secuestro.
  • No hay espacios seguros para personas en condición de mayor vulnerabilidad.
  • Las organizaciones sociales y humanitarias prestan servicios de apoyo en condiciones limitadas por la alta y creciente demanda de apoyo por parte de una población que transita en condiciones cada vez más precarias, mientras que la respuesta brindada desde las instituciones oficiales está marcada por la reacción ante crisis o situaciones coyunturales.