La respuesta del gobierno ante la primaria opositora ha sido excesivamente histérica. Pasaron de denunciar un supuesto fraude a recurrir a la intimidación, y luego utilizaron la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia como instrumentos para retaliar descaradamente contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, las Juntas Regionales que organizaron la consulta en la provincia y los directivos de Súmate. El gobierno no pudo soportar el éxito de una jornada llevada a cabo con el apoyo de miles de voluntarios que respondieron desinteresadamente al llamado de la Plataforma Unitaria y los candidatos que compitieron por el voto de los ciudadanos.
María Corina, la clara ganadora de la consulta, ha sido descalificada e intentan anularla debido a que supuestamente está inhabilitada para ser candidata, a pesar de que es ampliamente conocido que cuando en 2015 la Contraloría General tomó esa medida administrativa arbitraria e injustificada, fue solo por un año y sin ninguna consecuencia política, como lo afirmó claramente el entonces contralor, Manuel Galindo.
La última maniobra del gobierno para intentar minimizar el impacto de la primaria ha sido inventar un referéndum sobre la Guayana Esequiba. Es claramente un ardid para fomentar el chauvinismo y la cohesión del pueblo en torno a un gobierno aislado, impopular e inepto que intenta llegar a 2024 con el menor daño posible. Después de haber abandonado por completo la reclamación de ese territorio en disputa durante más de cien años por la vía jurídica, y después de que Hugo Chávez abriera las puertas para fortalecer la República Cooperativa de Guyana, ahora Nicolás Maduro pretende mostrarse como el campeón de la reconquista, una especie de Cid Campeador sudamericano.
A pesar de todos los chantajes, represalias y giros estrambóticos que el gobierno ha utilizado para controlar los daños causados por la primaria, los resultados están ahí: cerca de 2.500.000 personas se movilizaron en busca de un cambio de gobierno pacífico, electoral y constitucional. Eligieron a María Corina Machado para liderar esa transformación. Este mensaje fue captado por la comunidad internacional, especialmente por los países que facilitaron y estuvieron presentes en la firma del Acuerdo Preliminar de Barbados, en el cual el gobierno se comprometió a realizar elecciones libres, competitivas y supervisadas por organismos especializados el próximo año.
El Acuerdo Preliminar fue firmado con la aprobación de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, actuó solo en representación del Ejecutivo y, en particular, del jefe de Estado. Aunque el Acuerdo no menciona explícitamente la eliminación de las inhabilitaciones, queda implícito que solo se pueden celebrar elecciones libres si la oposición puede elegir libremente y sin discriminación al candidato de su preferencia. No hay elecciones libres cuando el régimen selecciona al candidato de la «oposición oficial». Esta era una práctica común en los países comunistas de la órbita soviética, pero no en las democracias occidentales. El acuerdo firmado en Barbados se ajusta a la tradición occidental, no a la de los países satélites.
Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, ha dejado claro en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro está obligado a cumplir con el Acuerdo en todas sus partes, especialmente en lo que respecta a la liberación de los presos políticos, incluidos los estadounidenses detenidos, y la rehabilitación de los inhabilitados. Blinken ha afirmado que Maduro no tiene «carta blanca» para violar el tratado. Esta declaración fue reafirmada recientemente en Colombia por Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden para asuntos de seguridad hemisférica. González ratificó que Maduro tiene hasta el 30 de noviembre para cumplir con el acuerdo. De lo contrario, el gobierno estadounidense tomará las medidas correspondientes. Parece que Estados Unidos está dispuesto a hacer valer su papel como garante del Acuerdo Preliminar.
Ahora, Maduro se enfrenta al dilema de cumplir con lo acordado o quedar atrapado por el ala más extremista, a la que no le importa romper con Estados Unidos y que las sanciones vuelvan a aplicarse, esta vez con mayor intensidad, con tal de mantenerse aferrado al poder en Miraflores de forma indefinida.
Si se produce una ruptura entre la Casa Blanca y Miraflores, Maduro sería el principal responsable de la falta de elecciones libres, del restablecimiento de sanciones más severas y de los innumerables costos que este comportamiento acarrearía para Venezuela, especialmente para los sectores más pobres. El futuro inmediato del país depende de él.