Este jueves, un grupo de manifestantes se congregó frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas para exigir la liberación de seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión en Venezuela el pasado 1 de agosto. Los sindicalistas fueron acusados de «conspiración» y su sentencia será apelada próximamente, según informó Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los condenados, Alcides Bracho.
Con información de El Nacional
Durante la manifestación, los manifestantes corearon el lema «¡Defender derechos no es terrorismo!», haciendo hincapié en que la lucha por los derechos laborales no debe ser criminalizada. Además, entregaron un documento a la Fiscalía en el que solicitaron el cese de los procedimientos judiciales que restringen la libertad sindical y pedían la liberación inmediata de todos los defensores de derechos laborales detenidos por ejercer su actividad sindical.
Estos seis activistas fueron arrestados en julio de 2022 en medio de protestas que demandaban aumentos salariales y mejores condiciones laborales en el sector público, en un país donde el salario mínimo mensual es de menos de 5 dólares y el costo de la canasta alimentaria supera los 500 dólares.
El fiscal general, Tarek William Saab, defendió el proceso judicial contra los sindicalistas y cuestionó su papel como líderes sindicales, vinculándolos a un militar desertor en Colombia. Sin embargo, expertos de la ONU han criticado a Venezuela por utilizar leyes antiterroristas de manera abusiva contra quienes defienden los derechos de los trabajadores.
El comunicado divulgado por familiares de los condenados y activistas también insta a investigar los asesinatos de dirigentes sindicales y las amenazas que enfrentan. La ONG de derechos humanos PROVEA ha documentado numerosas muertes de defensores de derechos laborales en Venezuela en los últimos años, subrayando la importancia de abordar esta preocupante situación