Delsa Solórzano, aspirante a las elecciones primarias de oposición por Encuentro Ciudadano, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los presos políticos en el país. Durante un evento de campaña en el estado Aragua, Solórzano declaró que si llegara al Palacio de Miraflores, su primera acción sería liberar a los presos políticos detenidos durante el gobierno de Nicolás Maduro. «Les pido que no se rindan, que sigan luchando. El 22 de octubre tenemos la oportunidad de darle un mejor futuro a nuestra nación», afirmó según un informe de Tal Cual.
La líder expresó su gratitud hacia las personas que han apoyado su campaña participando en los recorridos que ha hecho por diferentes áreas del país, haciendo especial énfasis en los familiares de los presos políticos. «Quiero agradecer a todos y cada uno de los hombres y mujeres que me acompañan en este largo camino por todo el país, especialmente a los familiares de aquellos que hoy están encarcelados por pensar de manera diferente», dijo.
Familiares y abogados de los presos políticos están promoviendo la idea de un «canje humanitario» para lograr su liberación a cambio de algunas concesiones, aún por determinar, a favor del gobierno. Esta opción es considerada «desesperada» después de años sin progresos en estos casos. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia ha respaldado esta propuesta, contando con el apoyo de los familiares de los numerosos detenidos que representan en los tribunales. En Venezuela, todavía hay 292 presos políticos que permanecen tras las rejas, a la espera de juicios que no parecen tener fin, mientras ellos aseguran ser inocentes.
Por lo tanto, los abogados y familiares creen que una forma de «desbloquear» la crisis en el país o generar confianza para que los procesos de diálogo y negociación avancen es encontrar una solución política para la situación jurídica de estos detenidos. El gobierno de la llamada revolución bolivariana los acusa de conspiradores, terroristas o traidores a la patria. Ana Leonor Acosta, directora de la coalición, explicó a EFE que esta propuesta busca ayudar a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a 174 militares y 13 sindicalistas.