Este gobierno esperó y planeó sincerarse no solo como una propuesta socialista, sino como una experiencia plenamente identificada con la desgracia comunista de Cuba. En septiembre de 2012, creyéndose liberado de toda responsabilidad para siempre, denunció la famosa Convención Americana pactada en San José, Costa Rica. Los defensores de los derechos humanos que se indignaron por las atrocidades cometidas en Chile bajo Pinochet y las equipararon con los excesos en Venezuela, nunca mencionaron lo que sucedía en Siberia ni la corrupción en la intocable isla caribeña.
Las protestas cívicas de 2014 y 2017 ejemplificaron claramente el contraste con los discursos vacíos de la constituyente de 1999 en relación a los derechos humanos. Pretendiendo tener una superioridad moral en el tema, estos defensores mienten y callan deliberadamente cuando el mundo se da cuenta de lo que sucede en nuestro país. Esta tragedia está debidamente documentada por organizaciones nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos que han actuado valientemente.
Hoy en día, es poco rentable políticamente referirse a eventos ocurridos hace tres o seis décadas, porque la situación ha empeorado en este siglo. Han ideado leyes para tergiversar la historia, incluso contra las protestas del oficialismo en el hemiciclo del parlamento (https://www.youtube.com/watch?v=7lZJep-zz-Q).
El régimen no puede existir sin la violencia en todas sus formas, y eso es lo que lo sostiene. La impunidad reina, no hay separación adecuada de los poderes públicos ni justicia ordinaria. La deuda acumulada en materia de derechos humanos por parte de los que ostentan el poder es enorme. Revertir esta desgracia, saldar esa deuda y sentar las bases de un sistema en el que nunca vuelva a ocurrir algo similar al fenómeno que aún está en curso, requiere una estrategia precisa y extraordinaria en el complejo proceso político resumido en las elecciones primarias.
La candidatura de Delsa Solórzano no es casualidad. Ella es una reconocida experta en derechos humanos, que lideró la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional y actualmente preside la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional electa en 2015. Ha llevado más de 300 casos ante la Corte Penal Internacional, lo cual es testimonio de su diligente trabajo como servidora pública.
La transición democrática que nos espera, o que debemos esperar, no es simplemente un tránsito por las circunstancias. Requiere una urgente reivindicación de los derechos fundamentales para asegurar nuestras legítimas aspiraciones a la libertad y la democracia. Una estrategia adecuada para revertir y eliminar el totalitarismo en este lado del mundo, y poner fin a sus abusos, exige un liderazgo político correcto, decidido y comprometido, capaz de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en el período post-socialista, y de hacer justicia para saldar la deuda de las últimas dos décadas.
Delsa está llamada a ejercer ese liderazgo, porque además ha trabajado arduamente para articular distintos esfuerzos, iniciativas y voluntades que apuntan a la más amplia unidad posible. A pesar de ser perseguida y atacada, sigue recorriendo el país en busca de la unidad que nos hace mejores.
@Luisbarraganj