Dos prisioneros políticos de Venezuela presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el viernes, alegando que las autoridades del país están aplicando un «patrón» de tortura contra los presos políticos. Según los registros de la ONG Foro Penal, actualmente hay 264 personas en esta categoría.
Durante una audiencia pública en el marco del 189º Período de Sesiones de la CIDH en Washington, Vilca Fernández y Carlos Ramírez, opositores al gobierno de Nicolás Maduro, relataron los abusos que sufrieron durante su tiempo en prisión antes de obtener medidas humanitarias que les permitieron exiliarse. Fernández, de 44 años de edad, afirmó haber sido golpeado repetidamente y tener heridas en su cuerpo. Pasó dos años en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, un lugar descrito por los propios guardias como «el infierno».
Fernández también afirmó que se le apuntaba con un fusil en el pecho para que revelara la ubicación de dos líderes estudiantiles de ese momento. Él cree que estos actos de tortura son ordenados por el gobierno de Maduro con el objetivo de «destruir moralmente» a aquellos que se oponen políticamente a él.
Por su parte, Carlos Ramírez, también exdirigente estudiantil, dijo haber sido golpeado por agentes de seguridad durante los seis meses que estuvo en prisión. Acusó a militares y policías de haberlo desnudado en varias ocasiones para maltratarlo directamente en su cuerpo. Ramírez remarcó que «todos los que llegan a esas cárceles son torturados», ya que existe un «estándar de tortura». Además, aseguró que hay jueces, fiscales, dirigentes políticos y militares que han presenciado estos tratos crueles contra los prisioneros en los calabozos y no hacen nada para impedirlo o denunciarlo.
En julio de 2023, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, informó que tenía conocimiento de 362 imputaciones por tortura y 47 condenas en Venezuela en 2022. Sin embargo, su oficina también tiene registro de otras 91 denuncias presentadas por víctimas o sus representantes.