La eventual aprobación de una nueva ley para las universidades en Venezuela refleja la intención del oficialismo, que domina el Parlamento nacional desde enero de 2021, busca “destruir” y “doblegar” a estas instituciones, según un vocero de los docentes de educación superior.
Por La Voz de América
La normativa, que se encuentra en una fase de discusión temprana en la Asamblea Nacional, perseguiría “doblegar a la universidad venezolana, el pensamiento libre y crítico” y terminar de destruir la universidad”, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, en entrevista con la asociación civil Aula Abierta.
“Todos conocemos cuál es la intencionalidad política que subyace en esa ley y en las proposiciones que hace permanentemente el régimen de Nicolás Maduro”, expresó el dirigente gremial en un programa radial, la semana pasada.
En diciembre pasado, la Asamblea Nacional venezolana designó una comisión legislativa que buscaría “la construcción de la ley de Educación Universitaria”. Desde mediados de enero, esa instancia comenzó a debatir el tema activamente.
Luis Martínez, diputado del chavismo, aseguró entonces que la ley sería debatida con “diálogo y consenso”. Los políticos leales al presidente izquierdista Nicolás Maduro dominan el Parlamento desde diciembre de 2020, pero la oposición y buena parte de la comunidad internacional, entre ella Estados Unidos y la Unión Europea, no reconocen la legitimidad de ese poder legislativo.
De querer, el chavismo contará con una abrumadora mayoría para aprobar un nuevo texto normativo para las universidades sin mayor oposición.
Voceros de los docentes del país, como Anseume, dudan de la buena fe del chavismo ante esa ley. Los universitarios de toda Venezuela, de hecho, han denunciado durante años que el expresidente Hugo Chávez y ahora Maduro han asignado solo 10% del presupuesto que necesitan las universidades dependientes del Estado, ni han dado protección laboral a sus empleados.
“Para las universidades no es ningún aliciente la aprobación de esta Ley de Universidades, por cuanto lo que intentan, a través de una vía pseudo legal, (..) la doblegación y la fragmentación de las universidades”, indicó el educador.
El proyecto de ley en Venezuela coincide con el despojo a las universidades privadas en Nicaragua de su capacidad de operar de forma independiente. El gobierno de Daniel Ortega, aliado de Maduro, alegó incumplimiento de regulaciones financieras para justificar la medida, anunciada en febrero.
Debate con exclusión
Según el oficialismo venezolano, la comisión legislativa está integrada por rectores, diputados, delegados de profesores y estudiantes de universidades. Se prevé que ese grupo de debate presente un proyecto de ley que reemplace la actual normativa de universidades en Venezuela, aprobada en 1958.
Reformada hace 52 años, la Ley de Universidades vigente reivindica el derecho a la autonomía de esas instituciones de educación superior en el país y las valora como centros de formación de profesionales y de libre pensamiento.
Las universidades venezolanas, tanto las públicas como las privadas, no apoyarán una nueva ley o la reforma de la actual, considera Anseume.
Advierte que ese borrador normativo no ha sido consultado por el Parlamento electo en 2020 con organizaciones emblemáticas del sector, como la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV).
“Es difícil ahorita conseguir un universitario cabal que esté dispuesto a apoyar al régimen en su planteamiento en la Ley de Universidades. Un universitario cabal no estará apoyando lo que está sucediendo en Venezuela en los últimos 20 años (…) llamarán a aquellos que están comprometidos con el régimen”, dijo Anseume durante su entrevista con la asociación Aula Abierta.
La relación del chavismo con las universidades ha sido espinosa. En 2002, el expresidente Chávez acusó a representantes de esas casas de estudios superiores de apoyar un golpe de Estado en su contra.
Maduro designó en octubre pasado a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, como su nueva ministra de Educación Superior.
Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, precisó a la prensa que la comisión legislativa que gestará una nueva ley para el sector se reunirá cada 15 días hasta elaborar su proyecto. Lucena, dijo, tendría un rol activo en esas reuniones.