El deterioro y la falta de personal dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha desatado una persecución contra los militares que se han negado a combatir en el estado fronterizo de Apure, donde desde el pasado 21 de marzo se enfrentan a una facción disidente del grupo de las FARC liderado por Iván Márquez y Jesús Santrich.
En los últimos días la tensión se ha apoderado de la institución militar ante la evidente desventaja de la fuerza pública del chavismo frente a una guerrilla súper entrenada y armada con los mismos equipos de un ejército regular.
Esta realidad ha llevado a que decenas de militares hayan decidido desertar de sus comandos o evadir con diversos argumentos su traslado a la zona de conflicto, dejando cada vez menos hombres a la ya diezmada institución castrense, que en los últimos años ha sido abandonada por centenares de jóvenes militares que huyen del país en busca de libertad y una mejor situación económica.
Órdenes de aprehensión por no combatir en Apure
De acuerdo a información confidencial conocida por la alianza informativa de The Latam Post, Cima 360 y El Nacional, el pasado 13 de abril se libraron 21 órdenes de aprehensión contra oficiales y personal de tropa por “deserción, abandono de servicio y desobediencia”.
En su mayoría son mujeres, quienes, de acuerdo a fuentes militares, se habrían mostrado en desacuerdo con exponer sus vidas en un conflicto con las particularidades del actual.
A los militares les resulta “extraño” que todas las órdenes de aprehensión hayan sido el mismo día, especialmente en medio de un momento de persecución y amenaza contra todo aquel que se niega a combatir en Apure.
El documento, no obstante, deja claro entre los uniformados el tipo de medidas y sanciones que se están tomando.
Esta misma semana se conocieron las detenciones de al menos dos militares que se negaron a integrarse a las fuerzas de combate en Apure. Ante su negativa, un joven oficial y un sargento habrían sido trasladados a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, de acuerdo a testimonios de fuentes del lugar.
Al tiempo que estas órdenes de captura y aprehensiones se producían en distintas partes de Venezuela, también se registró la detención de dos militares y el traslado de otros tres en Apure. Los uniformados fueron acusados de pertenecer a un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), hecho del que la institución militar no aportó más detalles, excepto los nombres y los cargos.
Durante la operación militar Escudo Bolivariano Lanceros de los Llanos, el pasado 10 de abril, realizaron la detención preventiva del Teniente de Navío Roberth de Jesús Desantiago Alonso, Comandante del Puesto Naval Guafitas y del teniente Jorge Luis Valdivieso, Comandante del Puesto Naval El Amparo.
Asimismo se llevó a cabo la presentación del Sargento Mayor 2 Edgar Eduardo Márquez Vera enla 92 Brigada de Caribes, quien supuestamente estaba bajo investigación por la presunta relación con un grupo criminal de Apure.
De igual forma se realizó el traslado desde el DF-353 de la GNB hasta la sede de la BACIM N° 33 Guasdualito del Teniente de Navío José Pumar Villamizar, Comandante del Puesto Naval Río Arauca Internacional.
Estas medidas son consideradas “extrañamente coincidentes” por uniformados que admiten que en la institución armada se vive un clima de gran tensión.
El toque de Diana que ningún militar quiere escuchar
Un miembro de la FANB, que prefirió no ser identificado, reveló que después de un año de estar fuera del Comando por la pandemia, se le solicitó que se presentara y, tras conocer versiones de sus compañeros, teme que también sea para destacarlo en Apure.
Tras la muerte de una decena de militares en el conflicto armado, los funcionarios saben que en algún momento los van a llamar. De esa realidad no tienen escapatoria.
Al igual que él, otros militares están dando largas a su presentación, para tratar de evadir la exigencia del Alto Mando Militar.
Recurren a la milicia para ir a Apure
La realidad de la FANB es inocultable. Esta semana el Mayor General de la Milicia Nacional Bolivariana, Manuel Bernal Martínez, con el anuncio del envío de mil milicianos “combatientes voluntarios” dejó en evidencia el déficit de hombres de las ciencias militares en la frontera.
Estos “combatientes” en su mayoría son personas de la tercera edad y no tendrían la suficiente formación en el mundo castrense. Usualmente han sido usados como relleno en los desfiles militares y manifestaciones políticas del chavismo.
En los últimos años se han viralizado videos de estos milicianos cometiendo diversos errores en plenos entrenamientos y simulacros de acciones de defensa que ha montado el régimen.
Los milicianos, que en total sumarían cuatro millones, están armados con los viejos fusiles de cerrojo de fabricación rusa Mosin-Nagant, calibre 7,62×54 milímetros, tecnología con más de 100 años y que se considera obsoleta.
Aunque la mayoría no tendrían peso para la defensa del país, sí habría un grupo comando élite con efectivos jóvenes bien entrenados.
En el pasado, incluso, la oposición ha llegado a denunciar que en supuestas movilizaciones de los milicianos a la frontera habrían incluido a presos comunes que estaban “dispuestos a cualquier cosa”.
Una de esas presuntas acciones de presos y milicianos fue denunciada en el marco del intento de ingreso a Venezuela de la ayuda humanitaria. En la zona de Ureña y en el Puente Tienditas habrían sido ubicados los presuntos reos que desde la parte venezolana disparaban contra los ciudadanos que se encontraban en territorio colombiano manifestándose contra la dictadura de Maduro.
De esas acciones hubo decenas de heridos por disparos de bala, y al menos 10 personas, entre ellos una periodista, afectados con disparos de perdigones.
Todos los disparos con balines de metal fueron dirigidos hacia el rostro de las personas. Al menos cinco personas perdieron un ojo.
Las FAES hace el trabajo que algunos militares no quieren hacer
Además de los milicianos, el régimen se vio obligado a mover a hombres de las Unidades Operativas de Tácticas Especiales de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un grupo que ha sido señalado por la ONU por cometer abusos y crímenes.
Con esta movilización, realizada el 24 de marzo en un vuelo de Conviasa, también aparecieron las primeras denuncias de presuntos ajusticiamientos a campesinos de la zona de La Victoria, así como la quema y saqueo de las casas de ciudadanos que debieron huir hacia territorio colombiano para evitar morir en medio de los bombardeos.
Tres días después de iniciado el conflicto, el arribo de los efectivos de las FAES desataron críticas internas dentro de las FANB sobre el objetivo para el que habrían recurrido a la incorporación del grupo especial en la zona fronteriza.
Hasta ahora, el balance oficial da cuenta de 17 muertos, 34 miembros del Ejército heridos, de los cuales 21 ya tienen el alta médica.
A los dos primeros oficiales muertos en un ataque de la guerrilla, el Ministerio de la Defensa les ascendió postmortem en una ceremonia especial en la que prometieron que no habría impunidad.
Minas antipersonales causan
En este conflicto los militares se enfrentan por primera vez a un enemigo acostumbrado a manejar armas de alta potencia, como los RPG y las minas antipersonas, las cuales han sido sembradas por los guerrilleros en el terreno para detener las acciones de la fuerza pública.
Justamente las minas ha sido uno de los mayores problemas para el despliegue militar, tanto que el régimen pide a la ONU su intervención para desactivar estos dispositivos.
Hasta ahora, según el Ministro de la Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López, han “desactivado 16 dispositivos explosivos” en las inmediaciones de la población de La Victoria, en el estado Apure.
En Colombia, la Procuraduría colombiana también reconoció la existencia de los grupos irregulares en la zona fronteriza, pero muestran dudas sobre la actuación de los militares venezolanos en la zona, debido a las denuncias de los campesinos sobre sus actuaciones contra los civiles, que debieron salir huyendo a la zona colombiana de Arauquita, donde ya se encuentran más de 6.000 venezolanos desplazados.
Los hechos han sido documentados por diversas organizaciones de derechos humanos que están elevando la situación ante organizaciones internacionales para buscar justicia y reparar el daño de víctimas civiles.
Por Beatriz Galindo y Carola Briceño para la alianza informativa de The Latam Post, Cima News Digital y el diario El Nacional.