Las autoridades en Venezuela se encargarán de determinar las consecuencias legales para aquellos involucrados en la minería ilegal en la región amazónica del país, lo cual es considerado un «ecocidio», según afirmó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.
A través de una plataforma de redes sociales, Hernández Lárez reiteró que la FANB continúa llevando a cabo operaciones de desalojo en el parque nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas, cerca de la frontera con Brasil y Colombia. Esta semana se registró un enfrentamiento armado entre militares y civiles en dicha zona, el cual resultó en dos personas fallecidas y seis heridas, incluyendo a tres agentes de seguridad.
«Hemos asignado una fuerza de tarea con la misión de identificar a los responsables de este ecocidio y establecer las consecuencias legales correspondientes», destacó Hernández Lárez.
El comandante enfatizó que los militares están combatiendo las «actividades destructivas y perjudiciales para el medio ambiente causadas por la minería ilegal», y responsabilizó a «grupos delictivos» que han construido «refugios y centros de distribución» en la zona.
Desde el 1 de julio, la FANB ha desalojado a 12,052 personas señaladas como mineros ilegales solo en Yapacana. Estas evacuaciones fueron ordenadas por Nicolás Maduro, quien se propuso «limpiar» la Amazonía de este flagelo.
Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos han solicitado que se investigue la responsabilidad de los militares en el reciente enfrentamiento. Por su parte, la FANB asegura que continuará sus labores en la Amazonía, «respetando de manera prioritaria y preferente la vida de las personas».
El gobierno tiene previsto implementar un plan de recuperación para esta área una vez que termine la evacuación de los mineros ilegales, especialmente debido al daño causado por el uso de mercurio en la extracción de minerales.