Si bien las dos partes en conflicto se sentarán a conversar, hay divergencias sobre temas como el abuso policial, la violencia en las protestas y los alcances reales de este acercamiento.
Cuando casi se cumplen dos semanas de manifestaciones en Colombia en un clima de creciente tensión social y política, los organizadores de la protesta y el Gobierno anunciaron que se sentarán a conversar. Sin embargo, sus visiones de las causas de la crisis actual y las propuestas para resolverla parecieran chocar y dificultar un acercamiento que se iniciará este lunes.
Los obstáculos comienzan desde la concepción que tiene cada uno del diálogo. Mientras el Ejecutivo se ha referido a un proceso de conversaciones , el Comité Nacional de Paro, que coordina las manifestaciones, exige un » diálogo social o negociación útil» con resultados.
Sobre los responsables de los hechos de violencia en las movilizaciones también hay divergencia. Desde las instituciones del Estado hacen énfasis en los actos vandálicos y de terrorismo en las protestas, mientras que grupos defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales y participantes de las marchas hablan del » uso excesivo de la fuerza » y de los «abusos policiales» en la contención de los manifestantes.
A pesar de las distintas visiones, en una carta oficial publicada el domingo, el Comité Nacional de Paro aceptó formar parte de una «reunión exploratoria» este lunes y le pidió a la Casa de Nariño «respeto y garantías para el libre ejercicio de la movilización» . Igualmente, solicitó para los próximos encuentros la presencia de miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Conferencia Episcopal.
¿Qué ofrece el Gobierno?
La oficina del Alto Comisionado para la Paz, asesor gubernamental en temas de acuerdo de paz, ha sido la encargada de organizar la agenda de reuniones con varios sectores. Entre los puntos a tratar este lunes, la mayoría han sido propuestos por los promotores del paro nacional.
Los ejes fundamentales que maneja el Gobierno para conversar son:
Vacunación Masiva.
- Reactivación económica y desarrollo social. Según la versión oficial, el Ejecutivo ha destinado más de 50 billones de pesos (13.286 mil millones de dólares) a la inversión social.
- Sacar la violencia de la manifestación legítima.
- Protección de los más vulnerables.
- Estabilización de las finanzas públicas.
- Exención del cobro de matrícula para los estudiantes de los niveles bajos y medio bajos.
Si bien el acercamiento con los organizadores de la protesta es el más esperado, el Gobierno de Duque empezó desde el pasado 5 de mayo una serie de reuniones con distintos sectores institucionales, sanitarios, religiosos y políticos.
¿Cuál es la posición de Duque?
La semana pasada, en su primer encuentro con la cabezas del poder judicial, el presidente colombiano se refirió de manera general a la necesidad de diálogo y la crisis que atraviesa el país suramericano. De igual forma, evitó hablar directamente sobre las denuncias de represión policial y las posibles acciones de los órganos de Justicia.
Sin ahondar, manifestó que rechazaba «la violencia, las vías de hecho y a todas las manifestaciones y expresiones que atentan contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades». Del mismo modo, pidió el levantamiento de los bloqueos de las vías por parte de quienes se han sumado al paro.
Sobre los excesos policiales no se pronunció y dijo que valoraba «profundamente» que «todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos» fueran investigadas y sancionadas.
Críticas desde el inicio
Desde que comenzó, la ronda de diálogos ha generado críticas, a pesar de que el mandatario cedió a la presión social y llamó a conversar. El tema de los excesos policiales ha sido evadido tanto por las instituciones judiciales como sanitarias que se han sentado en la Casa de Nariño, mientras que las movilizaciones han sido duramente cuestionadas.
En un acuerdo final tras un encuentro con el Gobierno, los gremios de salud rechazaron la violencia «venga de donde venga» y dijeron que esta ha reducido su capacidad de movilidad. Además, afirmaron que el bloqueo de las vías ha afectado el traslado e vacunas y «el derecho a la vida de todos los colombianos».
Estos acercamientos entre varios sectores del país se iniciaron con una opiniones encontradas en el Poder Judicial. El pasado jueves, tras una reunión con Duque, los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Jurisdicción Especial para la Paz condenaron «los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo» en la protesta, sin hacer mención a la represión policial y solo dijeron que los «delitos en el marco de la protesta» debían ser investigados y sancionados.
Sus declaraciones fueron rechazados por los magistrados de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar que dijeron que sus colegas debieron condenar «el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y abuso de autoridad que también afecta al orden jurídico, los derechos humanos y el Estado de Derecho».
¿Qué exigen los organizadores del paro?
En casi dos semanas de protestas, la Defensoría del Pueblo ha registrado 27 muertes, 800 heridos y ha reportado 359 desapariciones. En medio de ese escenario, los organizadores del paro nacional, cuya primera movilización fue el pasado 28 de abril, piden como punto inicial para sentarse con el Gobierno la «desmilitarización del país» y el retiro del Ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de las manifestaciones.
Del lado de la principal promotora del paro nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente, Francisco Maltés, expresó que la protesta continuará mientras se definen cómo serán las negociaciones.
Maltés afirmó que proponen una negociación con el Ejecutivo que «debe ser útil y producir resultados» y que el Gobierno debe entender que debe «cambiar de política» y «dar un giro muy fuerte a lo social». Estas afirmaciones las hizo en una comparecencia virtual, como parte de la Audiencia Pública Nacional convocada por el Senado el pasado jueves en el contexto de la crisis.
Según el líder sindical, el conflicto y la «ebullición social» actual no son nuevos y se arrastran de 2019, cuando se llevó a cabo el primer paro nacional luego de una pausa de tres décadas de manifestaciones multitudinarias antigubernamentales.
El presidente de la CUT expresó que las demandas del pliego de peticiones presentado a Duque en 2019 no fueron atendidas debido a que en esa oportunidad les dijeron que se buscaba abrir «diálogos si resultados». En esta oportunidad, quieren llegar a acuerdos.
En cuanto a la reforma tributaria, detonante de esta ola de movilizaciones, recordó que con indicadores como 21 millones de personas pobres, siete millones en pobreza crítica y casi la mitad de la población en la informalidad, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), es hora de que «paguen los que más tienen» y no los sectores bajos y medios como se había asomado en el instrumento legal retirado por el Ejecutivo del Legislativo en medio de la presión social.
¿Cuáles son sus peticiones?
Las peticiones de los organizadores se basan en las demandas de 2019 y 2020, ya en el contexto de la pandemia. Los reclamos se resumen en:
- Retiro del proyecto de ley de reforma a la salud, que es criticado por haberse creado de manera inconsulta y por fomentar la privatización de ese sector.
- Vacunación para la población.
- Renta básica de un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis.
- Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y de la soberanía y la seguridad alimentaria.
- Subsidio a la pequeña y mediana industria.
- Matrícula gratuita para los estudiantes.
- Garantizar los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia.
- Rechazo a los privatizaciones del sector público.
- Derogación del decreto que abre paso a las aspersiones aéreas con glifosato, aprobado recientemente por Duque, a pesar de los cuestionamientos de grupos ambientales.
- Derogación del decreto 1174 que según sus detractores precariza las condiciones laborales con el país en beneficio de los empleadores.