El diputado oficialista Gustavo Villapol no mencionó datos como los registrados por la ONG Espacio Público, que ha documentado el cierre de 285 emisoras radiales entre 2003 y 2022, así como la pérdida de al menos 20 mil empleos debido al cierre de medios de comunicación. Además, ignoró la centralización de la compra del papel prensa a través de la Corporación Alfredo Maneiro, que otorgaba el recurso de manera discrecional.
Con información de TalCual
Durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional electa en 2020, Villapol afirmó que en el país «no hay periodistas perseguidos» ni medios de comunicación cerrados, y que solo a partir de la Constitución de 1999 se puede hablar de libertad de prensa.
El diputado oficialista destacó que, según él, el cénit del periodismo venezolano se alcanzó con la Constitución de 1999, que garantizó derechos fundamentales y la supuesta «verdadera libertad de prensa» a través de los medios comunitarios y populares.
Sin embargo, Villapol omitió mencionar datos relevantes que contradicen sus afirmaciones. La ONG Espacio Público ha registrado el cierre de 285 emisoras radiales en un período de casi 20 años, lo que ha tenido un impacto significativo en el panorama de medios de comunicación del país. Además, se han perdido al menos 20 mil empleos debido al cierre de medios.
Tampoco hizo mención de la centralización de la compra del papel prensa a través de la Corporación Alfredo Maneiro, lo que permite asignar el recurso de manera discrecional y limita el acceso de los medios independientes a este insumo esencial.
Durante el debate, también se omitieron las denuncias de persecución a periodistas y medios de comunicación, así como la obstrucción de la libertad de expresión por parte de funcionarios del Estado. Estos hechos han sido documentados por diversas organizaciones y afectan directamente el ejercicio de la libertad de prensa en Venezuela.
Es importante resaltar que la libertad de prensa y el respeto a los derechos fundamentales son pilares fundamentales de una democracia sana. La omisión de estos datos y la negación de los problemas existentes en el ámbito de la libertad de prensa durante el debate en la Asamblea Nacional plantean interrogantes sobre el compromiso real del gobierno con la transparencia y el acceso a la información en el país.