Justamente en los días en que los venezolanos, o una parte de ellos, dirigían su atención al escándalo de corrupción que el régimen ha desatado contra sí mismo —una jugada en la que aún no se destapan todas las cartas— concluía una fase del caso Venezuela I que la Corte Penal Internacional adelanta sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Esa fase, que la organización Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) considera histórica, consistió en recabar la opinión y testimonios de las víctimas y sus representantes sobre los asuntos que engloba ese concepto de lesa humanidad. A saber, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual por motivos políticos. Todo ello a cuenta de agentes de seguridad del Estado desde, al menos, abril de 2017.
Si la corrupción es lastimosa, hiriente y sume al país en la calamidad, el caso que se sustenta ante la Corte Penal Internacional puede poner en evidencia ante el mundo la naturaleza de quienes mandan en Venezuela. Un comportamiento que recuerda en mala hora lo que ocurrió en países del Cono Sur durante la denominada Operación Cóndor que juntó a servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la tarea indiscriminada de represión política y terrorismo de Estado.
Venezuela I es una de las 17 investigaciones actuales en la Corte Penal Internacional. Nuestro país, por obra y (des)gracia de este régimen figura al lado de naciones de escasísima tradición democrática como Afganistán, Burundi, República Centroafricana, Darfur, República Democrática del Congo, Uganda, entre otros.
Esa consulta abierta por la CPI recibió más de 2.000 formularios y videos de las víctimas y sus familiares que, una vez analizados, se constituirán en un informe sobre lo que ha ocurrido —y, lastimosamente, aún ocurre— en el país en estos años de represión a las voces disidentes que exigen democracia y justicia.
Por el volumen de las opiniones y testimonios recibidos, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI ha autorizado una prórroga hasta el 20 de abril próximo para la presentación del informe ante los jueces del organismo.
El régimen de Maduro ha sido informado del proceso (hay un memorando de entendimiento suscrito con la CPI), ha sido escuchado y, también, ha intentado detener la investigación. El fiscal jefe, el británico Karim Khan, ha decidido, sin embargo, continuar adelante, como lo expuso el pasado mes de noviembre cuando se reanudó el caso.
«Mi Fiscalía, sostuvo Khan, reconoce que las autoridades venezolanas han emprendido varias reformas legales destinadas a abordar cuestiones estructurales y sistémicas, y se siente alentada por ello (…) No obstante, la evaluación independiente y objetiva realizada por mi Fiscalía llega a la conclusión de que en la actualidad estos esfuerzos y reformas son insuficientes en su alcance o no han tenido unas consecuencias palpables en actuaciones que pudieran ser pertinentes».
La CPI, como lo recuerda Provea, ha garantizado que toda la información recibida es estrictamente confidencial, porque la seguridad de las víctimas y de quienes las asisten es primordial. Los venezolanos conocen esos riesgos. Padecen esos riesgos.