La violencia se ha convertido en un tema central en la agenda electoral de Ecuador, pero el reciente asesinato del candidato Fernando Villavicencio ha marcado un punto de inflexión y ha teñido toda la campaña presidencial de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto.
Villavicencio fue asesinado a tiros después de un mitin en Quito, justo antes de subirse a su camioneta. Este trágico suceso ha sacudido al país y ha despertado preocupaciones sobre el crecimiento exponencial de la violencia y la influencia de los grupos criminales en la política ecuatoriana.
Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, afirma que la valentía de Villavicencio al denunciar la corrupción y su lucha contra el crimen organizado han pisado los callos de muchos implicados en estas actividades ilegales. Según Córdova, la escalada de violencia en el país es preocupante, ya que se espera que la tasa de homicidios alcance los 40 por cada 100.000 habitantes en 2023.
El asesinato de Villavicencio no es un acto aislado, sino un mensaje político que refleja el miedo y la irregularidad que prevalece en el país. Pedro Donoso, analista político, señala que este asesinato muestra la influencia del narcotráfico y las economías criminales en Ecuador. Además, destaca que no es la primera vez que se ataca a políticos en el país, ya que desde 2020 se han registrado una serie de asesinatos que han generado preocupación en la sociedad.
Donoso compara la situación actual de Ecuador con la violencia que vivió Colombia en las décadas de los 80 y 90, causada por el narcotráfico. Según él, la violencia actual se asemeja a aquellos tiempos oscuros de la historia colombiana.
La situación es preocupante, ya que la violencia se extiende por todo el país, especialmente en la costa y en ciudades como Guayaquil, donde el crimen organizado tiene un fuerte impacto. Los expertos coinciden en que los criminales no actúan solos, sino que cuentan con la complicidad de agentes de seguridad en todos los niveles del Estado.
Córdova critica la estrategia de guerra contra las drogas y la militarización de la seguridad pública, argumentando que esto ha permitido la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad del Estado. Además, señala que la falta de una política conjunta con Colombia ha facilitado la penetración de las guerrillas y las FARC en Ecuador.
La degradación institucional y policial también ha contribuido al aumento de la violencia en el país. La falta de inversión en cárceles y la corrupción en los organismos encargados de hacer cumplir la ley han debilitado al Estado y favorecido el crecimiento de las redes de extorsión y el fortalecimiento de las organizaciones criminales.
El asesinato de Villavicencio ha generado incertidumbre sobre el rumbo de la campaña presidencial. Las encuestas previas ya mostraban un alto grado de indecisión entre los votantes, y este trágico suceso puede influir en la decisión final de muchos electores. Los analistas consideran que el asesinato puede fortalecer propuestas políticas que prometen mano dura contra la violencia, como la del candidato Jan Topic, quien ha enfocado su discurso en la inseguridad al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Por otro lado, el asesinato de Villavicencio también plantea un desafío para el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por la candidata Luisa González, quien busca capitalizar el sentimiento de inseguridad y presentarse como la opción que puede devolver la estabilidad al país.
En medio de esta crisis, es fundamental comprender la complejidad de la violencia en Ecuador y abordar las tensiones sociales que han llevado al deterioro del tejido social en el país. El Estado debe tomar medidas efectivas para combatir la violencia y promover la inclusión social como una forma de construir una convivencia pacífica en la sociedad.
Aunque la situación es preocupante, los expertos coinciden en que no se debe detener la campaña electoral ni cambiar el rumbo de la democracia. La respuesta del Estado debe ser firme y no ceder ante el miedo y la violencia. Ecuador no puede permitir que los violentos dicten su futuro.