La incertidumbre por la implementación de la Ley de Inmigración en Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, no solo mantiene en vilo a los indocumentados. Empresas y negocios que se sostenían con empleados extranjeros están seriamente alarmados ante las nuevas medidas que impone la legislación, que entrará en vigor el sábado 1 de julio.
Por Miami Diario
La sección 6, 448.09, de la ordenanza estatal impone severas sanciones a quienes contraten a personas sin un estatus legal definido o en proceso. Las penas dependen de la cantidad de trabajadores en estas condiciones y van desde la suspensión o revocación de licencias hasta multas.
Este panorama tiene muy preocupado al sector agrícola de la Florida. Más de 20 empresas están pidiendo respuestas a DeSantis y hasta al presidente Joe Biden. Solicitan resolver la contratación de extranjeros sin que implique problemas legales para sus empresas.
Específicamente, quieren aclaratorias sobre el programa de visas H-2A. A través de este plan, solo el año pasado se contrataron 25 mil extranjeros durante las temporadas de cosecha.
Las visas H-2A forman parte del programa federal que permite a las empresas traer legalmente a trabajadores inmigrantes de manera temporal. Los agricultores de Florida dependen de este sistema mucho más que otros estados ya que los sembradores extranjeros recogen en gran parte las cosechas de cítricos.
Ley de DeSantis amenaza sector agrícola
A pesar de que el programa de visas H-2A resulta muy beneficioso, requiere una inversión del 30% más si se contrataran ciudadanos americanos. Esto se debe a que el gobierno federal les exige que deben garantizar a los trabajadores transporte, alojamiento y un salario mínimo superior al establecido en el estado.
Sin embargo, Rick Roth, agricultor de frutas y verduras en Belle Glade, sostuvo al medio El Nuevo Herald que “ningún estadounidense quiere trabajar cosechando cultivos y haciendo trabajos manuales, así que necesitamos un programa de trabajadores invitados”.
Este sistema de visas representa un desahogo a la crisis migratoria que afecta al país, según Cris Ramón, asesor principal de Inmigración de UnidosUS. Indicó que la expansión del programa H-2A favoreció la disminución de la inmigración mexicana ilegal entre 2001 y 2011.
Por su parte, Samuel Vílchez Santiago, director de la American Business Immigration Coalition, advirtió que las industrias agrícolas ya han percibido una afectación importante en su mano de obra tras la aprobación de la Ley SB-1718.
Se estima que el 46% de los trabajadores de la agricultura en Florida son indocumentados. Estos “están considerando irse o ya se están yendo”, precisó.
Fuente: Miami Diario