El depósito en una calle muy transitada de talleres de reparación de autos y tiendas pasa casi inadvertido.
ELLIOT SPAGAT – La Times
Adentro, cientos de migrantes comen, cargan sus teléfonos, se bañan y usan los baños. En cuestión de horas, un guardia los escoltará a un descampado cruzando la calle donde se montarán en autobuses que los llevarán desde Eagle Pass hasta el Aeropuerto Internacional de San Antonio por 40 dólares.
La Patrulla Fronteriza libera hasta mil migrantes diariamente a través de Mission: Border Hope, una organización sin fines de lucro surgida en una iglesia que en abril se trasladó al depósito. El traslado fue en respuesta a una creciente práctica del gobierno de Joe Biden de liberar migrantes bajo palabra, sobre todos los que no están sujetos a normas de la pandemia que les impiden pedir asilo.
La Patrulla Fronteriza liberó bajo palabra a más de 207.000 migrantes que ingresaron ilegalmente desde México entre agosto del 2021 y mayo del 2022, incluidos 51.132 en mayo, lo que representa un aumento del 28% respecto a abril, según documentos judiciales. En los siete meses previos había liberado a solo 11 migrantes.
La libertad bajo palabra evita que los migrantes sean deportados durante cierto tiempo, pero no ofrece otros beneficios. Por ley, el Departamento de Seguridad Nacional puede liberar a los migrantes bajo palabra “por razones humanitarias” o porque su liberación representa “un beneficio público significativo”. Una vez liberados bajo palabra, los migrantes tienen un año para solicitar asilo.
La Patrulla Fronteriza apeló a este recurso porque no tiene espacio para alojar a tantos migrantes, según documentos legales. Se trata de un giro poco publicitado respecto a las políticas seguidas por los predecesores de Biden, Donald Trump y Barack Obama.
Cuando no se pudo procesar las presentaciones de los migrantes ante un juez lo suficientemente rápido el año pasado, miles de ellos fueron retenidos debajo de un puente en el Rio Grande Valley de Texas. En el 2019, las celdas estaban tan colmadas que algunos migrantes se pararon en inodoros.
A los migrantes liberados en el depósito se les dice que se presenten ante las autoridades inmigratorias del sitio donde vayan dentro de dos meses. Deben llevar un aparato que permite monitorear sus movimientos.
“El trato estuvo bien”, dijo Anthony Montilla, un venezolano de 27 años. “No nos trataron como ladrones”.
Montilla llegó con su familia tras un viaje que incluyó un paso por el temido Tapón de Darién, donde bandidos violaron a muchachas jóvenes delante de sus padres y había cadáveres a lo largo del camino. Luego de ser liberada por la Patrulla Fronteriza, la familia se encaminó a la casa de un amigo en Washington.
José Castillo, de 43 años, llegó desde Nicaragua con su esposa y un hijo de 14 años tras superar el miedo a cruzar el río Bravo. Se dirigían a Miami, donde vive un primo. Dicen que su oposición al gobierno nicaragüense los expone a represalias.
Castillo dijo que el día que pasaron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza fue “fácil”, pero que no le recomienda a nadie que siga sus pasos por el peligro que se corre de pasar hambre o ser secuestrado en México.
Mission: Border Hope, una iniciativa apoyada por la Iglesia Metodista Unida, opera en un sector que ahora se ofrece como una ruta de cruces ilegales casi tan popular como la del Rio Grande Valley. Sus servicios son modestos comparado con los de otras agrupaciones a lo largo de la frontera, que ofrecen albergues y transporte a un aeropuerto.
Comenzó a funcionar en el 2000, atendiendo a entre 25 y 50 migrantes por semana en otro sitio, según Valeria Wheeler, su directora ejecutiva, quien supervisa las operaciones con la efectividad de un capataz de fábrica.
En los días de más trabajo, los voluntarios no dan abasto para registrar migrantes, comprar pasajes en autobús y atender otras cuestiones logísticas, de acuerdo con Wheeler. En un día típico atienden a 500 migrantes, pero a veces han llegado a mil.
El depósito cuenta con una cocina improvisada en la que hay amontonadas cajas de salsa de tomate, sopa de pollo, carne de cerdo y frijoles. Los migrantes esperan sentados en bancos de metal y sillas de plástico. Se da instrucciones por un altoparlante cuando la Patrulla Fronteriza lleva gente y cuando llegan los autobuses que irán al aeropuerto.
Se pide a los migrantes que se vayan rápido para permitir la llegada de otros. Uno de cada diez, no obstante, terminan durmiendo en el piso de cemento porque no tienen adónde ir.
“No estamos preparados para ser un albergue”, dice Wheeler, quien en el pasado trabajó como asistente legal, mientras recorre el edificio sin ventanas. A menudo es interrumpida por migrantes que le hacen preguntas.
A los migrantes se les concede la libertad bajo palabra sin analizar sus pedidos de asilo ni preguntarles por qué vinieron a Estados Unidos. Se les da un paquetito sellado con una estampilla azul que dice cuándo vence su libertad bajo palabra.
Este trato contrasta con el de muchos otros migrantes que son expulsados del país sin que se les dé la oportunidad de pedir asilo al amparo de la Title 42, una norma que usó el gobierno de Trump para impedir los pedidos de asilo por razones de salud pública, para evitar la propagación del COVID-19. Un juez federal dispuso hace poco que la norma siguiese en efecto a pesar de las objeciones del gobierno.
La Title 42 es aplicada en forma despareja, sobre todo a los migrantes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, porque México aceptó recibirlos de vuelta.
El comisionado del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, dijo que se concede la libertad bajo palabra a migrantes sin antecedentes penales, que generalmente llegan con sus familias y tienen gente que los reciba en Estados Unidos.
“Tratamos de manejarnos de una forma inteligente, reconociendo que hay gente que ha sido estudiada cuidadosamente, que representa un riesgo mucho menor y que puede recibir un trato distinto al de otros”, indicó Magnus en una entrevista.
Hay quienes dicen que esto alienta a que vengan más migrantes y que el gobierno no cumple con el requisito de que se analice “caso por caso”.
Pero Magnus dijo que es “mucho más eficiente” y tan efectivo como liberarlos con citas para que se presenten ante los tribunales de inmigración. Ese proceso, que lleva tiempo, queda ahora en manos del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que intervendrá en el destino final de los migrantes.
La Patrulla Fronteriza sigue procesando unos 25.000 migrantes por mes a los que envía a tribunales de inmigración, un procedimiento que según sus agentes toma más de una hora.
La libertad bajo palabras, en cambio, toma minutos.
Hace poco, una hondureña en el octavo mes de embarazo fue liberada con la orden de presentarse ante un juez de inmigración en Cleveland, donde la esperaba un tío.
Wheeler dice que no sabe por qué algunos migrantes reciben la libertad bajo palabra mientras que otros son enviados a los tribunales de inmigración, y que tampoco pregunta por qué sucede eso.
“Nuestro objetivo es dar seguridad”, manifestó.
Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.