La inhabilitación de María Corina Machado busca transmitir la idea de que el régimen tiene el control absoluto del Estado y de que sus instituciones funcionan de manera coordinada y obediente. Las decisiones tomadas por el gobierno y el PSUV son cumplidas sin cuestionamientos por los funcionarios en los organismos públicos.
La Contraloría General recibió la orden de sancionar a MCM hace algunos años y lo hizo. Luego, el dictamen fue elevado al Tribunal Supremo de Justicia para su ratificación, y este cuerpo lo hizo diligentemente. El TSJ a su vez exigió al Consejo Nacional Electoral que ejecutara la sentencia, y este lo hizo sin demora. Ningún poder apeló a su supuesta independencia para pedir explicaciones a los demás poderes o citar a MCM para que diera su versión de los hechos y ejerciera su derecho a la defensa. La decisión de Miraflores y la cúpula del PSUV fue aplicada sin cuestionamientos, como si fuera un decreto imperial.
La inhabilitación de la candidata de la oposición también busca fomentar el desánimo y la desmoralización entre los votantes. Pretende sembrar la idea de que el régimen es inamovible y que cualquier intento de cambiarlo está condenado al fracaso. Ante esta fatalidad, solo queda la resignación o la huida. Es importante combatir esta visión, que a menudo se presenta como «realista», pero que debe ser desafiada. Si el gobierno ha dificultado las cosas para la oposición, esta debe hacer lo mismo con el régimen. Los intentos del gobierno de dar pinceladas de democracia con las elecciones del 28 de julio y la legitimidad internacional que busca Nicolás Maduro a través de ellas deben ser considerados intentos fallidos si no se respetan los acuerdos unitarios de la oposición.
Es probable que la batalla por hacer de MCM la candidata opositora se pierda debido al miedo de la maquinaria chavista-madurista a enfrentarse a una líder que obtuvo 2,5 millones de votos en las primarias del año pasado. Maduro prefiere enfrentarse a un candidato que despierte menos entusiasmo en la población. Dado el control que tiene sobre los órganos del Estado, es probable que la oposición deba optar por un candidato de consenso que, identificado con MCM y con su respaldo, represente a ese sector al que se le ha negado el derecho de competir con la candidata más votada en las primarias. Por supuesto, Maduro fue elegido por «aclamación».
Maduro deberá respetar a ese candidato, sea hombre o mujer. No se puede permitir que el líder del PSUV vete a los posibles candidatos de la oposición y sea él quien elija al abanderado que representará a los millones de ciudadanos que buscan cambiar el gobierno a través de elecciones.
Los países firmantes del Acuerdo de Barbados y la comunidad democrática internacional deben denunciar y enfrentar la arbitrariedad del régimen si decide inhabilitar a quien ocupe el lugar dejado por MCM. La agresión contra ella ha sido suficientemente grave como para que el gobierno pretenda iniciar una cacería de brujas contra cualquier persona elegida por la Plataforma Unitaria Democrática para reemplazar a la líder de Vente Venezuela y a una gran parte del país. Maduro ha intentado ser más sutil que Daniel Ortega en Nicaragua, quien se convirtió en un tirano sin buscar la aprobación de los países de la región y del mundo. Maduro ha invitado a la Comunidad del Caribe (Caricom), al Panel de Expertos de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y al Centro Carter, entre otros organismos, para que validen los resultados electorales.
La oposición debe exigir a los representantes de estos organismos que cumplan con su deber y no actúen como intermediarios para un gobierno que ha impedido que MCM sea candidata. El candidato respaldado por ella tiene una alta probabilidad de triunfar, según todas las encuestas, y de iniciar la transición hacia la recuperación de la democracia.
Con convicción y firmeza, la Plataforma Unitaria Democrática puede convertir la adversidad del atropello contra MCM en una victoria el 28 de julio.