El 27 de febrero de 1989, se produjo un estallido social en Venezuela como resultado de las protestas por el aumento de los precios de la gasolina y del transporte público. Aunque han pasado más de 75 años desde entonces, nadie ha sido condenado por las 276 muertes registradas durante el llamado Caracazo, y las víctimas aún no han recibido ninguna reparación.
Lo que comenzó como una expresión de descontento por los ajustes económicos implementados por el recién asumido presidente Carlos Andrés Pérez, rápidamente se convirtió en una masacre que fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Esta corte repudió la impunidad de los crímenes cometidos por agentes del Estado.
La respuesta del gobierno a las protestas fue suspender las garantías constitucionales y desplegar militares en las calles, lo que condujo a una represión brutal. Según Amnistía Internacional, se dispararon alrededor de 4 millones de balas contra los manifestantes hambrientos.
Los informes de prensa de aquel entonces relatan cómo las balas alcanzaron y segaron la vida de personas inocentes, incluyendo una madre que amamantaba a su recién nacido, un niño que iba a la escuela, un joven que se asomó al balcón de su casa y un hombre que dormía junto a su esposa. Según el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), un total de 396 personas murieron durante los 10 días de la crisis.
Enrique Ochoa Antich, activista de derechos humanos que seguía de cerca la situación en aquel entonces, recuerda la frustración de alrededor de 1,000 personas que no podían moverse por Caracas debido a la paralización del transporte. Para Ochoa Antich, el Caracazo no fue políticamente motivado, sino que se basó en el descontento de los ciudadanos hacia el gobierno. Hubo una sensación de estafa, ya que el presidente implementó un paquete neoliberal sin previo aviso.
La revuelta popular se extendió por varias ciudades, pero fue en Caracas donde se vivió con mayor intensidad. Según Ochoa Antich, había calles con «olor a cadáver» y la cantidad de manifestantes superaba a la policía. Ochoa Antich visitó la principal morgue de la capital y constató la magnitud de la masacre: las aceras, las cavas y los pasillos estaban llenos de cuerpos sin vida. Era imposible encontrar espacio para los cadáveres.
Al mismo tiempo, aumentaba el número de familiares que buscaban a sus seres queridos. Al final, las personas se dividieron en tres grupos: aquellos que encontraron a sus parientes con vida, aquellos que confirmaron la identidad de los cadáveres y aquellos que nunca obtuvieron respuestas, lo que resultó en un número indeterminado de desaparecidos.
Aunque el tribunal más alto de Venezuela admitió que hubo una «denegación de justicia injustificable» y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado investigar y sancionar a los responsables, nadie ha sido encarcelado. El caso se encuentra archivado en un expediente que «duerme el sueño de los justos» en la Corte militar.
En noviembre de 1990, Ochoa Antich participó en la exhumación de una fosa común llamada La Peste, donde se encontraron restos de dos víctimas del Caracazo. Sin embargo, esta labor fue detenida por una orden judicial.
A lo largo de los años, el sistema judicial ha afirmado que está dispuesto a resolver el caso. En marzo de 2010, solicitó la extradición del expresidente Pérez, quien falleció nueve meses después en Miami.
En un informe reciente, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela reconoció que el estallido del Caracazo dejó un número indeterminado de víctimas. En 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado la identificación e inhumación de los cuerpos, la investigación sobre el paradero de los desaparecidos, la sanción a los responsables y la creación de una Policía Nacional, la única medida que se cumplió en diciembre de 2009.
Veintidós años después de esa sentencia, según Cofavic, «olvidar no es una opción para las víctimas» y todavía queda pendiente la lección de justicia.