Este mes de junio, Open Society Foundations publicó el estudio «The Human Costs of a Failing Global Debt System», elaborado los economistas Clemens Graf von Luckner y Juan P. Farah-Yacoub. Estos autores examinaron los costes a largo plazo de los impagos soberanos en una muestra de 131 casos desde 1900, llegando a la conclusión de que el impacto humano y económico de la cesación de pagos de la deuda pública es grave y duradero. Mientras más tiempo se permanece en mora, los costos humanos son mucho mayores
Venezuela, el país más endeudado de Latinoamérica y el Caribe, cayó en situación de impago en 2017. En el transcurso de estos seis años, y luego de atravesar hasta el 2022 la peor hiperinflación histórica de la región, el país se mantiene hoy en día como una de las economías más inflacionarias del mundo. Al propio tiempo, la sociedad venezolana continúa sumida en una compleja emergencia humanitaria que ha forzado un flujo migratorio que ya supera los 7,3 millones de migrantes, según datos de la Plataforma R4V.
Reputados economistas advierten que Venezuela se encuentra en una situación de imposibilidad para renegociar y cumplir con su deuda pública, a menos que se realice un cambio radical en el modelo de desarrollo del Socialismo del siglo XXI implementado por el chavismo en las últimas dos décadas. Sin embargo, las perspectivas de este cambio son desalentadoras. El régimen de Maduro, hasta los momentos, ha demostrado ser incapaz de abordar estos cambios de manera seria y profunda. De hecho, parece no tener la voluntad de hacerlo. Lo que es aún más preocupante es que parece estar dispuesto a evitar que otros asuman ese cambio, tal como se desprende de las reiteradas declaraciones de los jerarcas del régimen. El pasado 9 de junio, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del régimen, advirtió a los venezolanos que el chavismo «ni por las buenas ni por las malas” abandonará el poder en Venezuela.
La monstruosa deuda pública venezolana
Con base en los datos del Fondo Monetario Internacional, el economista Gustavo García Osio estima que, al cierre del 2022, la deuda pública venezolana se ubicó aproximadamente en 160 mil millones de dólares estadounidenses. Este descomunal monto equivale al 172% del producto interno bruto (PIB) de Venezuela, mientras que la deuda total de América Latina y el Caribe -unos USD 5,8 billones- es equivalente al 117% del producto interno bruto (PIB) de la región, según se indica en el informe «Lidiar con la deuda” (2023), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Lo más paradójico del caso venezolano es que la mayor parte de esta «monstruosa deuda pública», como la califica el Observatorio del Gasto Público CEDICE, fue contraída durante la época de la mayor bonanza petrolera que ha tenido el país. Entre 1999 y 2017, las arcas públicas venezolanas recibieron por concepto de ingresos petroleros alrededor de USD 1.034 billones- Justamente durante ese periodo de «vacas gordas” es cuando Hugo Chávez y su sucesor designado, Nicolás Maduro, «quintuplican” el agregado de la deuda externa, pasando de USD 30 mil millones en 1999 a USD 170 mil millones en 2016, según señala CEDICE en su estudio de la deuda externa venezolana.
Despilfarro e impago de la deuda pública venezolana
El que un país adquiera deuda en sí mismo no es malo. Según se explica el en el informe «Lidiar con la deuda” elaborado por el BID, «si el financiamiento obtenido se utiliza para aumentar la inversión de buena calidad y proporcionar mejores servicios, los beneficios deberían superar a los costos. Pero si los niveles de deuda se tornan demasiado altos o la deuda no se gestiona de manera eficaz, entonces los efectos son negativos. Las tasas de interés suben, el costo del servicio de la deuda se vuelve muy oneroso y la emisión de nueva deuda, muy cara o prohibitiva. En última instancia, la inversión y el crecimiento se resienten.”
En el caso de Venezuela, lamentablemente, los ingresos exorbitantes de la bonanza petrolera y los ingentes recursos obtenidos mediante el endeudamiento público no fueron invertidos para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el país. Por el contrario, Chávez y Maduro utilizaron esos recursos para: desarrollar políticas populistas que les aseguraran mantenerse en el poder; exportar la revolución bolivariana a la región; y comprar lealtades, tanto internas como externas, a través de prácticas corruptas. CEDICE, en su referido informe sobe la deuda externa venezolana, señala que «todo este dinero no fue utilizado para garantizar un futuro marcado por un crecimiento sostenido de la economía y procurar un mayor bienestar para los venezolanos. Por el contrario, sólo se utilizó para ganar elecciones y enriquecer a unos pocos a costa de todos”.
Las consecuencias de este despropósito no tardaron en manifestarse. Para el año 2017, Venezuela ya se encontraba inmersa en una grave crisis económica, social y política. En ese momento, Venezuelabajo un régimen sobre el cual pesaban múltiples sanciones internacionales, con un sector productivo, incluyendo el sector petrolero, severamente dañado debido a las políticas populistas de la revolución bolivariana, y con bajos precios del petróleo, era incapaz de producir lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y cumplir con los pagos de su deuda pública internacional, todo lo cual derivó en un incumplimiento de pagos o default en su deuda pública.
Los costos humanos del impago recaen de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables
Los impagos por parte de un país (impagos soberanos) imposibilitan a los gobiernos el acceso a los mercados internacionales de capital y dificultan al sector privado nacional acceder a capital a precios competitivos. Estos impagos suelen desencadenar agudas crisis financieras y económicas con graves impactos económicos y sociales en los países deudores.
De acuerdo con los resultados del referido estudio «The Human Costs of a Failing Global Debt System», el déficit en la tasa de crecimiento económico real per cápita de los países que caen en incumplimiento se incrementa en 2,5 puntos porcentuales durante el primer año, en comparación con lo que habría sido en ausencia del incumplimiento. A partir de ese momento, el déficit continúa aumentando en promedio 1,5 puntos porcentuales cada año. Luego de diez años, la brecha alcanza aproximadamente los 14,5 puntos porcentuales, lo cual deja en claro el fuerte impacto negativo prolongado del incumplimiento.
Junto a los costos económicos, la inacción conlleva también costos humanos crecientes. «La esperanza de vida en los países morosos disminuye más cuando los impagos duran más tiempo. Cada año que se retrasa la resolución de un impago, la salud de la población disminuye aún más y, con ella, la esperanza de vida”. Para los países estudiados, en promedio, la esperanza de vida diez años después del incumplimiento se reduce en más de un año en relación con donde habría estado sin el incumplimiento.
En el estudio publicado por Open Society Foundations se encuentra, además, que la peor parte del costo humano de la cesación de pagos recae de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables de la sociedad: niños, ancianos y personas en situación de pobreza. Cuanto más se tarda en resolver un impago, más costoso resulta para los menos responsables del mismo. «Los índices de pobreza superan los niveles anteriores a la crisis en aproximadamente un 30% poco después del impago y siguen siendo elevados una década más tarde. El nivel de vida también disminuye drásticamente en función de variables como el acceso a la nutrición, la energía y la salud. En promedio, en el décimo año después del impago, los morosos tienen un 13% más de muertes infantiles al año y los niños supervivientes tienen una esperanza de vida un 1,5% inferior, en comparación con la situación que tendrían de no haber caído en impago.”
Los costos humanos del impago en Venezuela
El caso reciente de Venezuela después de su default de 2017 pone de relieve la asociación insidiosa entre una gran crisis macroeconómica y el bienestar de la población. Algunos de los indicadores que los autores ponen de relieve en su informe son: la duplicación en el transcurso de cinco años del número de mujeres embarazadas en situación de riesgo debido a la falta de atención prenatal oportuna; la pérdida para el 2017 de un promedio de 11 kilogramos de peso por parte del 64 % de los venezolanos; y el aumento en las tasas de mortalidad infantil y la disminución en la esperanza de vida del venezolano.
Una deuda publica impagable a menos que se cambie el modelo de desarrollo
Lo más trágico de esta trágica situación es que no se ven posibilidades de que el régimen de Maduro esté en capacidad de renegociar la deuda pública. El economista Gustavo García Osio, en su entrevista para Hispano Post, advirtió que la deuda venezolana «representa unas 23 veces el valor de las exportaciones totales de Venezuela. Es como si se dijera que si todo lo que se perciba por exportaciones se utiliza para pagar la deuda, estaríamos 23 años pagándola y el gobierno no podría disponer de dólares para otra cosa. Eso da una idea de por qué esa deuda no es pagable y no es sostenible”.
De acuerdo con García, la renegociación de la deuda soberana de Venezuela no puede realizarse de forma aislada porque se corre el riesgo de asumir compromisos de pago que después no se puedan honrar. Por ello, según este economista, para poder enfrentar de forma eficiente el manejo de la deuda publica venezolana es necesario insertarla dentro de un programa económico de mediano y largo plazo que garantice la recuperación económica de Venezuela y le dé viabilidad externa y financiera.
No suena plausible que el mismo régimen que ha conducido a Venezuela a su peor crisis crediticia sea el que libere al país de su postración económica y lo coloque nuevamente en posición de manejar de manera responsable su «monstruosa deuda pública”.
A la luz de estas consideraciones y vista la destemplada declaración de Cabello, surge entonces la siguiente pregunta sobre la urgencia del cambio de rumbo en Venezuela: ¿A cuánto ascenderá el costo humano que los venezolanos, sobre todo los de los sectores más vulnerables, deberán seguir pagando por cada año adicional que el chavismo se mantenga aferrado «por las malas” al poder? Esta es una pregunta que tanto la dirigencia venezolana como la comunidad internacional deberían hacerse.
Autor: Ramón Cardozo Álvarez