El Estado profundizó política de criminalización contra defensores de DDHH en agosto

@DolarToday / Sep 20, 2022 @ 10:00 am

El Estado profundizó política de criminalización contra defensores de DDHH en agosto

Durante el pasado mes de agosto, el Centro para los Defensores y la Justicia contabilizó 27 ataques e incidentes de seguridad en contra de defensores de DDHH: 12 de los hechos fueron responsabilidad de instituciones públicas, siete fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado, cuatro por medios de comunicación estatales, dos por funcionarios públicos y otros dos por personas o grupos afectos al oficialismo

TalCual

Los defensores de derechos humanos en el país siguen afrontando riesgos por dar respuestas a la crisis social y política. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 27 ataques e incidentes de seguridad durante el pasado mes de agosto de 2022 y aunque se registraron 23 incidentes menos que en julio, se incrementó la violencia aplicada en la mayoría de los casos como actos de intimidación, hostigamiento y amenazas.

La ONG detalló que de los hechos registrados en agosto, 13 correspondieron a intimidación y hostigamiento, nueve fueron casos de estigmatización y cinco amenazas.

«El Estado profundiza la política de criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, perfeccionando la lógica del enemigo interno con mecanismos para reprimir y controlar», expone el informe de esta ONG que tiene por título «Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela».

De la misma manera, el Centro para los Defensores y la Justicia denuncia que persisten las acciones dirigidas a la reducción del espacio cívico y democrático en el país y la falta de investigaciones oportunas para el cese de la criminalización y represión en contra de quienes defienden y exigen derechos humanos.

Otra de las preocupaciones de la ONG es que la estigmatización puede generar un impacto para controlar a la población mediante la emisión de «mensajes y castigos ejemplarizantes» y, ante estas complejidades que rodean el entorno político, reiteran que el trabajo de promoción y defensa de los DDHH, así como la acción humanitaria, son primordiales para la protección de la dignidad humana.

Las víctimas
Del total de los ataques documentados durante el mes de agosto de 2022, 18 fueron individualizados en contra de personas defensoras de derechos humanos, equivalente a 67% del total. Mientras que nueve de los hechos fueron dirigidos en contra de organizaciones de derechos humanos, representando33% restante.

Durante el mes destacó el aumento de los actos de intimidación y hostigamiento, así como las amenazas en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos por sus actividades de documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos. Entre los casos se incluye el de los abogados e integrantes de la organización Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alonso Medina Roa, Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano; así como también nuevos hechos en contra de la organización del estado Mérida PROMEDEHUM y la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos – Fundehullan.

El informe de la ONG también destaca la estigmatización generalizada en contra de las organizaciones de DDHH pretendiendo vincular sus actividades con hechos ilícitos o desestabilizadores, así como pretender afectar su credibilidad al cuestionar su independencia vinculándolas con intereses de partidos políticos.

El Centro para los Defensores y la Justicia también contabiliza el permanente hostigamiento judicial en contra de los defensores integrantes de la organización FundaRedes Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona.

En cuanto a los victimarios, 12 de los hechos fueron responsabilidad de instituciones públicas, siete fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado, cuatro por medios de comunicación estatales, dos por funcionarios públicos y otros dos por personas o grupos afectos al oficialismo.

Desde la ONG exhortan a la efectiva promoción, protección y respeto sin ningún tipo de represalia a las acciones de quienes defienden y exigen derechos humanos en Venezuela.

 

 

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