El jueves, diversas autoridades del país, relacionadas con el sistema de justicia, llegaron a un acuerdo sobre una estrategia para abordar el problema del retardo procesal, el cual, según organizaciones no gubernamentales, afecta a miles de personas privadas de su libertad en el país.
Según una publicación del Ministerio de Interior y Justicia en X, se llevó a cabo una reunión en la que representantes de dicho ministerio, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se comprometieron a tomar medidas para garantizar una mayor celeridad en los procesos judiciales. Sin embargo, no se especificaron cuáles serían estas acciones.
El fiscal general, Tarek William Saab, quien fue citado en la publicación, destacó que estas medidas buscan fortalecer un sistema de justicia íntegro y respetuoso de los derechos humanos.
Por su parte, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, señaló que este tipo de encuentros son importantes para dar respuesta a las necesidades del pueblo y resolver las dificultades que se presentan.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre lo discutido en la reunión, por lo que se desconocen los puntos acordados, las metas propuestas y los plazos establecidos en esta estrategia.
En julio de 2023, Saab anunció la implementación de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, las cuales son consideradas centros de detención preventiva.
En aquella ocasión, la Fiscalía, el Ejecutivo y el TSJ se comprometieron a transformar estos centros en «casas de paz», para que se puedan realizar audiencias de juicio y así combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, que originalmente fueron concebidos para una detención de 48 horas.
Según la organización Una Ventana a la Libertad, a finales de 2023 había un total de 17,481 hombres detenidos en estos centros de reclusión preventiva, los cuales cuentan con 9,234 cupos.