El gobierno rechazó la postura de Almagro a favor de Guyana sobre el uso de área en disputa

0
443

El gobierno venezolano rechazó hoy la postura de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto al proceso de licitación de bloques petrolíferos en Guyana. Según Caracas, esta licitación está siendo llevada a cabo por Georgetown en áreas marítimas que se encuentran en disputa entre ambos países.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, utilizó las redes sociales para acusar a Almagro de unirse a la «camarilla de empleados» de la empresa estadounidense ExxonMobil, una de las seis compañías que presentaron ofertas en la licitación, para «agredir a Venezuela». Rodríguez se refirió a Almagro como un «esperpento» y afirmó que siempre se posiciona para vulnerar el derecho internacional y la soberanía de los Estados.

Por su parte, Almagro condenó las tácticas intimidatorias que buscan socavar el principio de «buena vecindad» y reconoció el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores. Ante esto, Rodríguez afirmó que Venezuela no permitirá que Guyana disponga unilateralmente del territorio marítimo en disputa y que hará valer sus legítimos derechos.

El gobierno venezolano rechazó la ronda de licitación, considerándola ilegal, ya que pretende disponer de áreas marítimas dentro de la zona en disputa, que abarca un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados. Según Caracas, Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas y cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional.

El presidente guyanés, Irfaan Ali, respondió afirmando que su país tiene derecho a desarrollar sus recursos en cualquier parte de su territorio y reafirmó que el territorio reclamado por Venezuela pertenece a Guyana. Estas declaraciones fueron deploradas por Caracas.

En diciembre de 2022, Guyana inició la primera ronda de licitación de bloques petrolíferos, la cual cerró el 12 de septiembre pasado. El gobierno venezolano advirtió a las empresas que participan en este proceso que tomará todas las medidas necesarias para evitar la explotación ilegítima de los recursos naturales que pertenecen a Venezuela.