Un estudio reciente realizado por la Universidad Federal de Minas Gerais revela que al menos el 20% de la extracción de oro en Brasil es ilegal y la situación no ha mejorado desde 2022. En el primer semestre de este año, el área de deforestación ilegal causada por la minería del oro alcanzó el 19%, mientras que en 2022 fue del 20%. Rodrigo Bellezoni, autor del estudio, señala que la demanda externa y el aumento en el valor del oro en el mercado internacional son los principales impulsores de esta actividad ilegal y, probablemente, de la deforestación asociada.
Aunque se han implementado mayores controles sobre la salida de oro de Brasil, como demuestra la incautación de más de 300 kg de oro en el Aeropuerto Internacional de San Pablo en 2023, todavía existe un grave problema de extracción ilegal. Mientras algunos se enriquecen con esta actividad, son las comunidades indígenas de la Amazonia las que sufren las consecuencias. Recientemente, la Policía Federal brasileña desarticuló tres operaciones criminales relacionadas con la minería ilegal de oro, exponiendo una trama delictiva que movía miles de millones de reales. En uno de estos casos, se descubrió que el oro ilegal se enviaba a Europa para ser utilizado en joyerías de lujo.
Además de los impactos sociales y económicos, la minería ilegal de oro también tiene graves consecuencias ambientales. La Operación Metal Líquido, llevada a cabo en el río Madeira en Rondonia, destruyó un récord de 144 dragas utilizadas por los mineros ilegales. Estas dragas no solo extraían oro ilegalmente, sino que también contaminaban el río con grandes cantidades de mercurio. Cada embarcación contaminaba el agua con alrededor de medio kilo de mercurio por semana, además de emitir toneladas de contaminantes a través del consumo de combustible. Esto ha llevado a altos niveles de contaminación en el agua y en los peces, afectando a las comunidades indígenas que dependen de estos recursos.
El uso descontrolado de mercurio en las minas también ha afectado gravemente al río Tapajós en el estado de Amazonas. Estudios realizados con la etnia indígena Munduruku revelan que seis de cada diez personas tienen niveles de mercurio por encima de los límites de seguridad. Esto ha causado problemas de desarrollo neurológico en uno de cada cinco niños indígenas. La contaminación se debe a que los peces absorben el mercurio de los mineros y se convierten en la principal fuente de proteínas para las comunidades indígenas. Los niveles de contaminación en los peces superan hasta 18 veces los límites de seguridad recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
La minería ilegal de oro en Brasil también está relacionada con el crimen organizado, lo que ha llevado a que se hable de los «narcogarimpeiros» en la prensa brasileña. El oro se ha convertido en una forma de blanquear el dinero del narcotráfico, utilizando las mismas rutas y logística, lo que reduce los costos.
La falta de legislación adecuada ha contribuido a esta situación. La única ley existente hasta ahora, la 12.844/2013, presume la legalidad del oro basándose en la «buena fe» del comprador, sin necesidad de pruebas sobre el origen del metal. Sin embargo, numerosas investigaciones han revelado fraudes en estas declaraciones y en la documentación. Aunque se han propuesto medidas como la creación de una base de datos descentralizada y digitalizada gestionada por la Agencia Nacional de Minería, que registre todas las etapas del viaje del oro y garantice la transparencia, aún se necesita una mayor implicación del Banco Central y de la Comisión del Mercado de Valores para fiscalizar las empresas que comercializan el metal.
Además de la minería ilegal en tierra, Brasil también enfrenta la amenaza de la minería en aguas profundas, para la cual no existe regulación. Aunque se ha propuesto una moratoria de al menos 10 años para realizar más estudios sobre su impacto, algunos países presionan para obtener una normativa antes de 2025. La minería en aguas profundas plantea grandes riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas marinos.
En resumen, la extracción ilegal de oro en Brasil sigue siendo un problema grave que afecta tanto a las comunidades indígenas como al medio ambiente. A pesar de los esfuerzos por controlar esta actividad ilegal, se requiere una legislación más estricta y medidas más efectivas para abordar este problema y proteger los recursos naturales del país.