La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y a su vicepresidente, Karin Herrera. Según la CIDH, ambos políticos han sido objeto de vigilancia, seguimiento, campañas de desprestigio y amenazas de muerte que se intensificaron después de la segunda vuelta electoral. La CIDH ha instado al gobierno guatemalteco a tomar las medidas necesarias para proteger sus vidas e integridad personal, ya que se encuentran en una situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos.
El equipo de Arévalo ha denunciado haber recibido información preocupante sobre un plan para asesinarlo, en el que estarían involucrados agentes estatales e individuos particulares. Según la comisión, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales han advertido sobre la existencia de un plan llamado «Colosio», en referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en 1994. Ante estas amenazas, Arévalo ha tenido que recurrir a la seguridad privada para protegerse.
Además de las amenazas de muerte, Arévalo y Herrera también han sido objeto de ataques en las redes sociales a través de cuentas anónimas y falsas. El presidente de la Fundación contra el Terrorismo ha advertido a Arévalo que podría terminar en prisión o prófugo por supuestos delitos graves como fraude. El Ministerio Público también ha informado al Movimiento Semilla, al que pertenecen Arévalo y Herrera, sobre un tercer plan relacionado con estructuras criminales de pandillas.
La CIDH ha criticado al Estado de Guatemala por no tomar las medidas necesarias para proteger a los políticos electos, a pesar de las pruebas presentadas. También ha destacado que el Movimiento Semilla ha sido objeto de criminalización y persecución política desde que presentaron su candidatura. Sin embargo, el Estado de Guatemala ha negado estas acusaciones y ha afirmado que no ve ninguna situación grave contra Arévalo y Herrera, ya que impera la institucionalidad y la democracia en el país.
Es importante destacar que estas medidas cautelares se han dado a conocer el mismo día en que la Fiscalía ha vuelto a solicitar al Congreso la suspensión del Movimiento Semilla, después de que se avanzara contra el partido en julio, aunque esto fue anulado por la Corte Suprema de Justicia. A pesar de los desafíos, el Movimiento Semilla ha logrado obtener 23 de los 160 escaños en el Congreso, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país.
Este proceso electoral en Guatemala ha sido uno de los más controvertidos desde la implementación de la democracia en 1996. La situación de Arévalo y Herrera pone de manifiesto la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos humanos de los políticos en el país.