Guyana ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que adopte medidas cautelares para limitar la consulta popular planteada por Nicolás Maduro sobre nuestra reclamación del Esequibo. En los hechos y según aquella, no así en cuanto al Derecho por su inconsistencia constitucional e irrelevancia para el ordenamiento jurídico internacional, la misma desconoce la competencia ya asumida por dicho tribunal para resolver definitivamente sobre la cuestión señalada. Sus jueces sentenciarán, incluso en ausencia de Venezuela, como lo han advertido.
Por Asdrúbal Aguiar
Lo emocional en nosotros es lo que me preocupa, pues ha sido la constante que nos ha llevado hasta la pérdida de partes significativas del territorio desde la formación histórica de nuestro Estado. Y acaso, lo así pedido por nuestra vecina –que no hagamos el referéndum– es una inteligente provocación para que lo hagamos y para mantenernos como país en rebeldía ante los jueces de la Corte, quienes, al cabo, son los que decidirán si anulan o no el Laudo Arbitral de París de 1899 que nos despojó de nuestro oriente guyanés.
¿Media una ingenua creencia en Maduro o es un juego suicida suyo con los intereses superiores de la nación al pensar que tal consulta –sin carácter vinculante, por tratarse de la prevista en el artículo 71 constitucional– incidirá en el acatamiento o no por Venezuela de lo que al final sea sentenciado por la Corte? ¿Se retirarán de Guyana las petroleras?
En la ordenanza suscrita por el presidente de la CIJ el 8 de marzo de 2021 a objeto de organizar el procedimiento y habiendo decidido, el 18 de diciembre de 2020, sobre su competencia y el paso al conocimiento del fondo, consta que la representación del Estado venezolano desconoció a la Corte. Le indicó, en suerte de galimatías, que “todavía no ha decidido sobre la posición que adoptará de cara a dicho procedimiento”, agregando que, tratándose de una cuestión de soberanía debía proceder a consultas populares sobre la cuestión y que ello le tomaría “un lapso de tiempo importante”.
¿No repara Maduro que ha acreditado a sus agentes e incluso ya solicitó de la Corte la designación de un juez ad hoc –exigió que se eligiese como tal a un extranjero –por no existir un nacional venezolano dentro de la composición del tribunal? Lo cierto es que, aun insistiendo en su contumacia, lo inevitable es que Venezuela se encuentra a Derecho, es decir, sometida, quiéralo o no, a la jurisdicción de La Haya.
De sostenerse el referéndum, más allá del debate sobre sus preguntas, como acción unilateral y al margen de la Corte conllevará, en la práctica, no sólo al intento inútil de pretender burlar las obligaciones que el Derecho internacional le impone al Estado venezolano; antes bien, lo que sí es grave, descarrilará el gran logro de nuestra justa reclamación, a saber, al Acuerdo de Ginebra de 1966.
Como paradoja, cabe observarlo, corre Maduro en línea contraria a la que impuso Chávez en 2004, cuando este pasa a ser deudor real de los hermanos Castro – aliados históricos de Guyana– luego del apoyo que le dan durante el referéndum revocatorio que ese año buscó eyectarlo del poder y les retribuye a costa de nuestra soberanía. “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, declara el presidente. Pero, a la vez, también enterró la práctica constante durante más de media centuria por parte de Venezuela, la de reclamar hacia afuera –permaneciendo en silencio– por cualquier actividad o concesión que se intentase realizar en el territorio bajo disputa: “Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial…”, reza el artículo V, inciso 2 del Acuerdo ginebrino.
La cuestión de fondo, que es jurídica y política a la vez, en suma, hace relación con la consulta popular que Venezuela le anunció en La Haya desde 2021. Sus preguntas, insisto, revierten las páginas de uno de los mayores éxitos internacionales de la Venezuela democrática, que le encuentra salida a la injusta pérdida territorial que se nos impuso en 1899, el Acuerdo ginebrino. Nos retrotrae la consulta a nuestro trágico siglo XIX, cuando, sobre errores propios y domésticos, ocurre el lamentable desenlace de París y su despojo.
Estamos en La Haya no por una imaginaria contradicción que con los términos del Acuerdo de Ginebra nos hayan impuesto los jueces de dicha Corte. Estamos allí convocados para hacer valer el Acuerdo, que es nuestro éxito y los objetivos que nos trazáramos los venezolanos al firmarlo en 1966. Las palabras del canciller Ignacio Iribarren Borges, al presentarlo ante el Congreso de la República, son concluyentes: “Venezuela propuso que se encomiende la función de escoger los medios de solución a la Corte Internacional de Justicia como órgano permanente… [y] de acuerdo con los términos del artículo 4, el llamado Laudo de 1899, en el caso de no llegarse antes a una «solución satisfactoria», deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial”. En esa estamos.
La unidad de ánimos que amalgama a una parte importante de la nación desde 1966 y que declina a partir de 2004 ante el giro que impone la administración de la que Maduro es causahabiente, realizada como sea la consulta popular por razones subalternas y de mero oportunismo electoral, no hará sino pulverizar tal unidad. Dividirá a los venezolanos de cara a lo que sí nos es obligante: la defensa profesional, seria y calificada de nuestros derechos territoriales –que los títulos nos sobran– en los estrados de La Haya y el saber que los efectos de la sentencia que llegue a dictar la Corte Internacional de Justicia son definitivos e inapelables, estarán revestidos por el principio de la cosa juzgada.