Un informe publicado por el Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) advierte que «los aspirantes deben tomar en cuenta que para el gobierno existen carreras priorizadas, que se relacionan con su visión sobre que lo que define como: economía productiva y las necesidades de la nación»
Por El Nacional
Pese a que en el Libro de Oportunidades de Estudios Universitarios se reseñan más 632 carreras, la realidad es que las autoridades académicas solo toman en cuenta 145. Además, el Ministerio de Educación Universitaria calificó solo 15 de ellas como prioritarias, lo que limita en gran medida las opciones de educación superior de los bachilleres.
Un informe publicado por el Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) advierte que «los aspirantes deben tomar en cuenta que para el gobierno existen carreras priorizadas, que se relacionan con su visión sobre que lo que define como: economía productiva y las necesidades de la nación».
La organización advierte que de las carreras catalogadas como prioritarias, ninguna es del área de humanidades.
Explican que en el caso de la Medicina, se considera como priorizada la carrera de Medicina Integral Comunitaria, que es impartida en las universidades controladas por el gobierno. Sin embargo, el listado no incluye los pregrados de las escuelas de ciencias de la salud de las universidades autónomas.
Aparte de las 15 carreras que el gobierno asume como prioritarias, establecen otras 21 como derivadas y 109 como complementarias.
Ladeshu recordó que durante el gobierno de Hugo Chávez las Pruebas de Actitud Académica fueron consideradas como excluyentes, «y en la narrativa oficial se construyó una matriz de opinión según la cual las universidades autónomas y las experimentales no controladas por el oficialismo eran segregacionistas porque negaban la profesionalización a los estudiantes pobres o con insuficiencias en conocimientos básicos».
«No se consideró que la mayoría de los bachilleres que ingresaron a esas universidades condenadas como discriminatorias eran de estratos populares y que se hicieron profesionales siguiendo los criterios de calidad académica que ellos y el país se merecían», indica el informe.
Siguiendo este concepto, el gobierno decidió que la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) asignara directamente hasta 30% de las plazas disponibles para el primer semestre o año.
En 2015 se indicó que para optar por un cupo universitario el índice académico tiene un peso de 50%, las condiciones socioeconómicas de los bachilleres 30% y el lugar de donde provengan 15%. El 5% restante corresponde a actividades de tipo sociocomunitarias que desarrolle el aspirante.
«De esta manera, se premia en igual proporción a un estudiante que, aun con limitaciones económicas, tenga buen desempeño en sus notas pero que viva en una zona valorada como privilegiada por los técnicos de la OPSU, y a otro alumno que, sin el mismo rendimiento académico que el anterior, viva en áreas consideradas como no privilegiadas», explicó Ladeshu.
A la par de estos cuatro criterios, la OPSU ha procedido desde entonces a asignar la totalidad de los cupos disponibles en la educación superior, salvo las cuotas producto de acuerdos gremiales, aptitudes artísticas o deportivas de los bachilleres e hijos de diplomáticos extranjeros.
Baja matrícula estudiantil
La organización señaló que en estas circunstancias «donde los que menos se benefician siguen siendo los más vulnerables, la severa crisis que ahoga al país se refleja en la baja matrícula estudiantil de las universidades autónomas y bolivarianas».
Alertan que para los bachilleres optar por un cupo en la educación superior ya no es una prioridad, pues prefieren dedicarse a otros oficios con los que obtengan una mejor remuneración.
«La prioridad de los bachilleres es ganarse la vida en diversos oficios, dada la imposibilidad para la mayoría de trabajar y estudiar como en años anteriores. Vistas en el tiempo, las políticas intervencionistas del gobierno en contra de las universidades que no controla están resultando en un debilitamiento de estas», resalta el documento.
Ladeshu tomó como ejemplo el caso de la carrera de Medicina en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. En años anteriores era una de las que tenía mayor demanda, con una lista de entre 500 y 600 aspirantes que no fueron asignados por la OPSU y que querían ingresar a través de un censo interno. En lo que va de 2022, solo se han censado un poco más de 60 bachilleres.