De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) prácticamente solo dos programas sociales están activos en el país: los CLAP y la asignación de bonos. El sociólogo Trino Márquez subraya que la política social está enfocada en ser existencialista y clientelar
El gobierno de Nicolás Maduro ha reducido la periodicidad en la distribución de los alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la asignación de bonos a espaldas de la ciudadanía. El Ejecutivo no ha detallado a los ciudadanos bajo qué criterios se han ejecutado estas medidas o las razones por las que se aplicaron en este 2022.
Lo que sí ha quedado en evidencia es que ha privilegiado a la región central en la asignación de los beneficios sociales. La medida no es un hecho fortuito, el Ejecutivo busca evitar que en la zona, en la que se concentra la mayoría los poderes públicos y los pobladores son más activos políticamente, se produzcan y extiendan disturbios por descontentos sociales.
De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2022, elaborada por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), aunque hay una reducción de los programas sociales siguen los problemas de focalización, sobre todo en la asignación de los bonos y, pese a que los hogares venezolanos dependen menos de las ayudas del Estado, la desigualdad va en crecida.
Según la Encovi, los beneficiarios de las cajas CLAP reciben una cesta de productos donde varía mucho la periodicidad de cada entrega. Solo 35% la recibe mensualmente, que sería lo más adecuado.
Si bien es cierto que —de acuerdo con el estudio— los hogares dependen cada vez menos de las ayudas del Estado, estos cambios impiden que los sectores menos favorecidos salgan de manera efectiva de la pobreza, especialmente en el interior del país, donde la crisis económica es más exacerbada.
A través de la plataforma Patria, en la que según el Gobierno hay más de cinco millones de usuarios registrados, se evidencia que los bonos entregados también son usados para impulsar su programa de 1×10, que Maduro ha calificado como una de sus principales armas para el fortalecimiento del partido y el triunfo en elecciones.
«A través del la aplicación veQR, los integrantes del 1×10, con más de 8 integrantes, pueden realizar propuestas para los programas y bonos de protección social», publicaron en el portal del sistema Patria. Asimismo, la plataforma informó que es necesario que varios integrantes del 1×10 estén activos para poder realizar las propuestas y ser tomados en cuenta.
CLAP en picada
El sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Trino Márquez señala que los datos de la Encovi dejaron ver que el gobierno de Maduro priorizó la región central por encima de la zona andina, oriental y del Zulia.
Argumenta que la tendencia del Ejecutivo es privilegiar esta zona porque, desde el punto de vista político, le resulta importante tener aplacados a los habitantes.
“La razón fundamental es porque si hay descontento en Cumaná, Carúpano, Maturín, esto le puede preocupar al Gobierno, pero es difícil que este descontento se expanda. En cambio, si las manifestaciones se ubican en la región central, especialmente en Caracas, es mucho más fácil que ese descontento se reproduzca en el resto del país”, asevera.
La Encovi señala que solo 10% de los hogares no recibe los alimentos y que, aún cuando se trata de un programa universal, en el último decil de ingresos 30% no la recibe. “Probablemente en los últimos deciles de ingresos opera un proceso de autoexclusión”, dice el estudio.
En 2017, en medio de la constituyente, Nicolás Maduro arrancó los actos de la campaña para las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 que no contaron con reconocimiento internacional, con promesas de distribución de bolsas CLAP y la tramitación del Carnet de la Patria para el acceso de bienes y servicios.
En ese momento, Maduro instó a los que tenían Carnet de la Patria a “prepararse para ir a votar”. Mencionó que mediante ese documento se puede tener acceso a viviendas.
Este año, todos estos programas sociales han tenido varios traspiés. Habitantes de tres sectores del municipio Diego Ibarra del estado Carabobo denunciaron en julio que dejaron de recibir los rubros de los CLAP, por ejemplo. Vecinos de esa zona explicaron que fueron 1.200 familias las que dejaron de recibir los alimentos. Aseguraron que han solicitado explicación a los representantes de algunos consejos comunales, pero nunca les dieron información.
Bonos de miseria
Trino Márquez subraya que el Gobierno no tiene una estrategia para poner a andar la economía, como la generación de empleo, mientras que la política social se enfoca en ser de orden existencialista y clientelar. “Dentro de esa política entra el reparto del CLAP y el suministro de bonos, que no son más que subsidios monetarios”.
Para la Encovi, bajo el supuesto de que la economía logre mantenerse en crecida unos años más, va a quedar de manifiesto la insuficiencia del crecimiento para lograr mejoras en los indicadores sociales, por lo que se necesitan nuevos programas sociales para incorporar mayores atributos productivos y de bienestar a las familias en pobreza.
De acuerdo con el estudio, el valor promedio de cada bono otorgado por el gobierno aumentó de $2,5 a $4,5 y la cobertura total bajó de 62% en 2021 a 48,4% de personas mayores de 18 años en 2022.
El investigador Luis Pedro España explicó, durante la presentación de resultados en noviembre, que esto se debe a que “la política de transferencias se ha ordenado” al punto que solo llega a una persona por hogar, en muchos casos.
Por otra parte agregó que el valor del bono de los no pobres es 31% mayor que el de los pobres y que la diferencia es $10 versus $7. Explicó que esto se debe a que aún existen problemas de focalización, es decir, el gobierno no ha diseñado un sistema que dirija los beneficios a los más vulnerables.
Sobre el planteamiento expuesto en la presentación el estudio, Trino Márquez recuerda que desde la gestión del expresidente Hugo Chávez hasta la de Nicolás Maduro, la revolución bolivariana ha buscado perfilarse como un Estado clientelar, pero basado en subsidios con montos devaluados.
“Lo que recibe la gente son realmente limosnas porque la devaluación y la inflación han terminado por pulverizar el ingreso monetario de los venezolanos en las transferencias que el Gobierno hace».
Apunta Márquez que la mayor cantidad del ingreso monetario que reciben los estratos más pobres del país está destinado al pago de los alimentos. “Es una diferencia importantísima porque en el caso de los sectores medios el uso que se le da a ese dinero no está totalmente destinado a adquirir alimentos”, añade el sociólogo.
Márquez señala que en nuevos procesos de campañas electorales los programas sociales se van a mantener, e incluso el Gobierno puede buscar mejorar su eficacia o crear nuevos. Subraya que si el Gobierno planea mantener el uso de los bonos como parte de su estrategia deberá evaluar los pasos que de en el futuro, debido a que tendrá que lidiar con los altos precios y la galopante depreciación de la moneda.