En un movimiento controvertido, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tomado la decisión de congelar las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución dirigida por los jesuitas y reconocida como uno de los establecimientos educativos más significativos en la historia de Nicaragua.
Con información de El Nacional
Esta medida de congelamiento financiero parece ser un intento por parte del régimen sandinista de debilitar a la UCA, la cual ha estado resistiendo a diversas represalias oficiales desde el año 2018, cuando se desencadenaron masivas protestas sociales en contra del gobierno presidido por la pareja Murillo-Ortega.
Fuentes anónimas del Ministerio de Gobernación han confirmado a Divergentes, un medio nicaragüense, que la UCA, que se encuentra en la mira constante del gobierno, ha comunicado tanto a sus colaboradores como a sus estudiantes que están experimentando «inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad», lo que ha resultado en la imposibilidad de recibir los pagos correspondientes.
La institución privada lamentó los inconvenientes y se comprometió a informar oportunamente una vez que se resuelvan los problemas relacionados con sus canales de pago.
Esta acción de congelar las cuentas es interpretada como una represalia directa hacia la UCA, que se ha caracterizado por su postura crítica ante las políticas de Ortega. Además, en el pasado, la universidad abrió sus puertas para brindar atención médica a los heridos durante las protestas sociales de 2018, y sus estudiantes han participado activamente en manifestaciones en contra del régimen. Es importante señalar que varios de los líderes de esas protestas eran estudiantes de la UCA.
Desde el Consejo Nacional de Universidades (CNU), controlado por las autoridades, se han llevado a cabo una serie de auditorías y acciones de acoso en contra de la UCA, incluyendo revisiones minuciosas de sus acreditaciones y programas de estudio. En el año 2022, el Parlamento, mayoritariamente sandinista, emitió una orden para reducir en un 6% los recursos asignados a la universidad según un decreto constitucional.
Dada la asfixia financiera en la que se encuentra la institución jesuita, se vio obligada a solicitar ayuda y tomar medidas para garantizar su sostenibilidad, incluyendo la reducción de becas para sus estudiantes. Esto ha tenido un impacto directo en la comunidad estudiantil, ya que las becas son vitales para muchos de los estudiantes que asisten a la UCA. A raíz de estas dificultades, la universidad tuvo que disminuir las subvenciones del 100% al 80%.
Este incidente es solo un ejemplo más de una serie de políticas que buscan controlar y restringir a las universidades en Nicaragua como parte de un plan más amplio de control total del sistema educativo por parte del régimen. La UCA ha sido durante años un bastión de oposición a Ortega y su administración, especialmente desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, la cual dejó más de 350 personas fallecidas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante este año, las autoridades de Managua han disuelto casi una decena de universidades al retirar su personalidad jurídica, en una serie de acciones que se consideran represivas. Además, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales también han sido objeto de cierre y restricciones por parte del gobierno. Estas acciones generan preocupaciones en relación a la libertad académica y los derechos humanos en el país.