“La cárcel de El Rodeo no le da alimento a ninguno de los privados de libertad, lo cual ha ido deteriorando la salud de los pemones, lo que tiene a cinco de los trece con problemas de salud y a Salvador Franco con riesgo grave”, dijo a Infobae el abogado Olnar Ortiz, quien es indígena Bare, Defensor de DDHH y Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas de Foro Penal.
Relata que las denuncias han sido formuladas ante la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Derechos Fundamentales, incluso en el Tribunal que lleva la cauda, Amnistía Internacional, la Corte Penal Internacional, así como a los delegados en Caracas de la Alta Comisionada y de la ONU en Ginebra.
El caso de los pemones hace referencia a 13 miembros de comunidades indígenas de la Gran Sabana, quienes están detenidos por su participación en el asalto al 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla”, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Esa operación militar la comandaron un grupo de oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañados por pemones.
Los trece indígenas detenidos son: Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Salvador Fernando Franco, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.
Ortiz destaca que “desde el primer momento en que ellos fueron trasladados, en mayo 2002, a la cárcel de El Rodeo, hemos denunciado, primero el traslado sin orden judicial por lo que Amnistía Internacional se pronunció. Desde el primer momento que llegan al Rodeo señalamos las condiciones de insalubridad de ese centro penitenciario, además de que está sobreproblado, no tiene condiciones de acueductos de aguas servidas y agua potable; a ellos les llega agua en camiones cisterna y es la que también deben consumir”.
“En junio ya los indígenas detenidos presentan problemas gastrointestinales que, según el diagnóstico del médico del centro penitenciario, señalando que algunos con síntomas de amibiasis. No les permitían el acceso de alimentos ni medicinas, por el tema de la pandemia. Recurrimos al comandante del destacamento que presta el servicio de seguridad al penal para poder ingresar los medicamentos. Desde julio, empiezan a presentar síntomas asociados al covid-19 que denunciamos, pero nunca les hicieron exámenes de despistaje, ni para ellos, ni para nadie en el penal”.
Varios de los contagiados y enfermos fueron recuperándose, pero no sucedió así con Salvador Franco, cuyo estado de salud fue empeorando “hasta llegar a la situación de hoy donde tememos por su vida; él está muy mal, ha perdido mucha masa muscular, mucho peso”.
Agrega Olnar Ortiz que “en septiembre de 2020 denunciamos que desde mediados de agosto y principios de septiembre, las autoridades del penal permiten la visita de los familiares, pero no a los abogados, pero más que todo con la intención que les lleven alimentos preparados, porque no permiten víveres porque alegan que el penal no tienen condiciones para que los detenidos preparen sus alimentos”.
“En el caso de los pemones es muy complicado porque ellos están lejos de sus comunidades indígenas, lejos de sus familias. Ha sido muy importante el apoyo de Felicia Pérez, madre de tres de los pemones, quien logró conseguir albergue en el convento de las Hermanas Franciscanas, que han colaborado y junto al Foro Penal y otro grupo de personas han logrado brindar alimentos y traslado al penal dos días por semana de alimentos no perecederos”.
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