Los medios de comunicación social deben ser responsables a la hora de informar sobre los suicidios, sobre todo en una época como esta en un país como Venezuela. Hablar de la manera como una persona se quitó la vida puede disparar ideas en otras que padecen lo mismo, en eso hay que estar claros y tener cuidado. Sin embargo, de lo que se trata en este editorial es de la responsabilidad del gobierno chavista en la falta de atención a la salud mental en el país y, por el contrario, todo lo que hace para minarla.
El venezolano está sometido como nunca a un ambiente de incertidumbre en el que siente que su vida vale poco y en el que ve que ningún esfuerzo es suficiente para garantizarle la supervivencia. Estas condiciones de vida son producidas directamente por las políticas económicas y sociales que son ordenadas desde Miraflores. Y es obvio que estas circunstancias tienen efectos devastadores a todo nivel, incluyendo en la salud mental de la población.
El Observatorio Venezolano de la Violencia registró para 2021 un total de 340 suicidios, un incremento de 11% con respecto al año anterior, y eso que no maneja las cifras de manera oficial, sino de lo que recogen sus voluntarios y lo que publica la prensa. No hay manera de tener información oficial de este problema tan grave, pues el Anuario de Mortalidad, que es responsabilidad del Ministerio de Salud, no se publica desde 2014.
Las cifras son alarmantes, pero sobre todo porque la incidencia del suicidio en la población infantil y juvenil es ahora más evidente. Otra organización no gubernamental, Cecodap, registró 589 casos por alteraciones del estado de ánimo, de los cuales 156 corresponden a ideación suicida. Esto representa un incremento de 112,32% en comparación con 2020.
Señala Abel Sarabia, coordinador adjunto de Cecodap, que el aumento del suicidio en jóvenes y menores de edad, incluyendo niños, tiene una incidencia importante en este momento, sobre todo si se compara con años previos. Esto permite concluir, continúa, que a pesar de que hay un conjunto de factores desencadenantes que pueden tener un origen individual, lo cierto es que la emergencia que vive el país tiene una incidencia importante en este fenómeno.
Hablan los expertos de estas organizaciones, por las que el país se entera de esta triste realidad, que falta infraestructura y presupuesto para ocuparse de la salud mental de los venezolanos. Lo que ellas pueden hacer es muy limitado, y está comprobado que si se atendieran con propiedad los casos o si la gente tuviera adónde acudir, podrían recibir ayuda. Pero en este punto hay que hacer una aclaratoria importante. Desde que comenzó la era del chavismo el servicio de psiquiatría del sistema público de salud fue anulado por completo.
Durante la administración de Juan Barreto se cerró la hospitalización del Psiquiátrico de Caracas. Instalaciones como las de El Peñón están en completo abandono, incluso el edificio dedicado a los enfermos de adicciones. Los servicios de psiquiatría de hospitales como El Llanito solo cuentan con el jefe de departamento y no hay más especialistas. Estos son algunos ejemplos. La falta de especialistas es hasta cierto punto lógica si se considera que los psiquiatras ganan poco más que el sueldo del personal de limpieza.
¿Cómo puede atenderse la salud mental del venezolano si entre 2013 y 2017 el presupuesto destinado por el Estado para salud mental fue inferior a 1% del total? “Es imposible que pueda funcionar una infraestructura de atención de salud mental con un presupuesto tan deficitario”, dice Sarabia. Lo peor es que la hubo, la infraestructura y el sistema fue efectivo hasta que llegó el comandante de Sabaneta al poder.
Ahora, los que sienten alguna alteración de ánimo solo cuentan con la medicina privada, que es impagable. Eso es una muestra más de la importancia que le da el gobierno chavista al bienestar del pueblo que tanto dice amar… ¡Y de que Venezuela no se arregló!