¿El voto electrónico puede salvar la democracia?

El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo un referéndum consultivo en Venezuela sobre el territorio de la Guyana Esequiba, disputado con la República de Guyana. El referéndum consistió en cinco preguntas que buscaban determinar si Venezuela debería integrar dicho territorio y desconocer la delimitación establecida en un laudo de 1899.

Según datos oficiales, el «sí» obtuvo una victoria aplastante. Sin embargo, los medios no gubernamentales reportaron una baja participación, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó que más de 10,5 millones de personas habían votado, lo que representa el 50% de los electores registrados. No obstante, estimaciones extraoficiales calculan que solo votaron poco más de 2 millones de personas, la mayoría de ellas empleados del gobierno y militares obligados por las autoridades.

Además de la disputa territorial en sí, los datos sobre la participación en el referéndum llaman la atención por un detalle poco visible: se utilizó un sistema de urna electrónica con pantallas táctiles que registra el voto de manera directa e imprime comprobantes que son depositados en las urnas.

Este sistema se implementó en 2004, reemplazando el escaneo óptico de votos utilizado entre 1998 y 2003. A partir de 2012, se automatizó por completo el sistema de gestión electoral, abarcando desde la votación hasta la difusión de resultados. Se ha destacado la estabilidad y seguridad de este sistema, que además cuenta con mecanismos de verificación, respaldo energético y transmisión de datos por satélite o líneas telefónicas exclusivas, no a través de Internet.

Aunque la oposición ha denunciado fraudes electorales, estas acusaciones no se refieren a la manipulación de los resultados, sino a irregularidades en las listas de votantes, suplantación de identidad y votación múltiple por parte de seguidores del oficialismo.

La utilización del sistema de votación electrónica se consideraba una ventaja para obtener pruebas de manipulación en las actas o en el escrutinio de votos. Por lo tanto, no se había cuestionado su uso y se consideraba que regresar al sistema manual facilitaría el fraude electoral. A pesar de algunas especulaciones sobre posibles hackeos o manipulación del software, no se han presentado pruebas concluyentes al respecto.

Sin embargo, los resultados del referéndum sobre la Guyana Esequiba en Venezuela demuestran que los sistemas de votación electrónica no están exentos de manipulación electoral.

El fraude se lleva a cabo por parte de quienes gestionan las elecciones y emiten los resultados. Los sistemas de votación electrónica pueden convertirse en una pantalla que aparenta integridad. Este problema ya fue señalado por la empresa Smartmatic, responsable del diseño del sistema utilizado por el CNE, en 2017 durante las elecciones para la Asamblea Constituyente. En aquella ocasión, el sistema contabilizó 6,5 millones de votos, pero la presidenta del órgano electoral declaró 8 millones.

En las elecciones para gobernadores en el estado de Bolívar ese mismo año, se detectaron irregularidades en la transmisión de datos, lo que alteró los resultados a favor del candidato oficialista y evitó la victoria del candidato opositor.

A nivel internacional, además de Venezuela, solo algunos países como Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Estonia, Filipinas e India han implementado el voto electrónico a nivel nacional. Estonia ha sido pionero en esta materia, permitiendo el voto por Internet desde 2005 y utilizando un sistema de código abierto que puede ser escrutado públicamente. Brasil utiliza urnas electrónicas desde 1996, y aunque ha habido avances y retrocesos en cuanto a la implementación de la identificación biométrica y la impresión del voto, este sistema se ha utilizado de manera progresiva en todas las elecciones.

En México también existen proyectos de urna electrónica a nivel subnacional y nacional, que han sido probados con éxito por las autoridades electorales desde principios de siglo. Incluso en las elecciones de 2021, se permitió el voto por Internet desde el extranjero.

La implementación del voto electrónico no es un proceso lineal ni obligatorio en todas las democracias. Países como Holanda y el Reino Unido, que permitieron el voto electrónico en determinado momento, han tenido que regresar al sistema tradicional debido al rechazo social y las sospechas de fraude.

En otros países como Alemania, Noruega, Irlanda y Finlandia se ha prohibido el uso de este sistema después de diversas pruebas, y son organizaciones ciudadanas, lideradas en su mayoría por ingenieros en sistemas, las que han presionado a los gobiernos para que no se implemente.

Las elecciones son un proceso complejo y las nuevas tecnologías añaden más complejidad. Los riesgos de fraude pueden surgir por la falta de papeletas de verificación y por la complejidad misma del software utilizado, que depende de especialistas que también pueden ser manipulados.

Sin embargo, cualquier nueva tecnología aplicada a la gestión electoral, como el blockchain, podría ser utilizada si se demuestra su eficacia y seguridad. El dilema no radica en la viabilidad técnica de estas tecnologías, sino en su uso político. En aquellos lugares donde se ha rechazado el voto electrónico, no ha sido por el sistema en sí, sino por las sospechas de manipulación.

En conclusión, votar no es simplemente un acto técnico, sino un acto político con amplias implicaciones sociopolíticas. Ya sea a través de Internet, como se hace en la actualidad, o mediante métodos más tradicionales, como utilizaban los antiguos griegos con sus fragmentos de cerámica (ostraka), el resultado de las elecciones es la expresión de la voluntad de la mayoría. La introducción de nuevas tecnologías puede agilizar el proceso de gestión electoral, pero no cambia su naturaleza política.

El caso de Venezuela es un ejemplo de que, incluso con el uso de urnas electrónicas, la manipulación de las elecciones siempre es posible.