Emirlendris Benítez fue sentenciada a 30 años de prisión, el pasado 4 de agosto, por el «caso de los drones», como se conoce al intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro de 2018.Este domingo 4 de diciembre se cumplieron cuatro meses y aún no se publica la sentencia
Emirlendris Benítez fue sentenciada a 30 años de prisión, el pasado 4 de agosto, por el «caso de los drones», como se conoce al intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro de 2018.
Este domingo 4 de diciembre se cumplieron cuatro meses y aún no se publica la sentencia.
Melania Leal Rosales, hermana de Benítez, escribió en Twitter:»Hoy es 4 de diciembre y van 4 meses esperando que publiquen la sentencia donde condenan a mi hermana Emirlendris Benítez a 30 años por el intento de magnicidio con los drones. Ella es inocente».
Emirlendris Benítez es una de los 12 de los acusados que terminaron con 30 años de condena, la pena máxima que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Su caso, al igual que el resto, está plagado de irregularidades, denuncias de torturas y tratos crueles y denegación de justicia efectiva frente a pronunciamientos internacionales.
Benítez es comerciante y fue detenida el 5 de agosto de 2018: se encontraba haciendo una carrera en la madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, cuando pasaron por una alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó. Seguidamente, fueron detenidos sin que les explicaran los motivos.
En agosto, en una entrevista con TalCual, la abogada defensora Stefanía Migliorini dijo que Benítez acompañó a su pareja debido a que era propietaria del vehículo donde realizaban el traslado. Aceptaron la carrera porque ambos eran comerciantes y necesitaban el dinero.
«Estas personas son como un trofeo para demostrar que efectivamente sí quisieron matar al Presidente de la República. Pero hubo una irregularidad en este proceso, al Presidente nunca lo vimos en declaración, así sea en vídeo o llamada o dándole un poder a los representantes del Ministerio Público para que ejercieran su representación como víctima. Esto fue un magnicidio frustrado, ¿pero la víctima ni siquiera se preocupó en denunciarlo?», esgrimió la abogada.
Benítez fue acusada y condenada por siete delitos: homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, asociación para delinquir, terrorismo, traición a la patria, lanzamiento de artefactos explosivos en espacios públicos y daños a la propiedad.
A principios de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, uno de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, solicitó la libertad inmediata de Emirlendris Benítez. Además pidió que se le concediera una indemnización y otros tipos de reparación, pero la decisión fue ignorada por la jueza Hennit Carolina López cuando dictó la sentencia.
Emirlendris Benítez es madre soltera de un niño de ocho años, al que escasamente ha podido ver durante los cuatro años que lleva en prisión, pese a que las leyes solo permiten que una persona se mantenga en prisión preventiva por un máximo de tres años.
Cuando estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas.
Esto situación le hizo abortar al bebé que estaba gestando. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.