La reciente derogación de la Providencia Administrativa CJ/012/2023 por parte del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) ha generado un gran revuelo en el ámbito de las entregas a domicilio en Venezuela. Esta normativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 42.827 el 27 de febrero de 2024, imponía un impuesto del 1% sobre todas las encomiendas realizadas a través de aplicaciones digitales.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció la derogación de esta providencia tan solo dos días después de su publicación, el 29 de febrero. Previamente, se había establecido un registro obligatorio gestionado por Ipostel, en el cual las empresas debían pagar una tarifa de 300 dólares para obtener una licencia que les permitiera realizar entregas a domicilio.
El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, emitió un comunicado en el que explicaba que esta decisión se tomó luego de una reunión entre las autoridades y los representantes de las empresas de entregas a domicilio. El objetivo de dicho encuentro era «avanzar en un plan conjunto de trabajo».
Durante la reunión, también se acordó transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Esta medida fue recibida con gran satisfacción por parte de las empresas de entrega a domicilio.
La providencia derogada también incluía un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que contemplaba una multa de 6.000 dólares para los operadores que incumplieran reiteradamente los lineamientos establecidos.
Con esta derogación, se espera que el sector de entregas a domicilio en Venezuela experimente cambios significativos en los próximos meses. Los actores involucrados deberán estar atentos a las nuevas regulaciones que puedan surgir en el futuro y adaptarse a ellas para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.