Oficialismo busca controlar fondos manejados por la Cruz Roja Internacional para tener más control social durante la contienda electoral

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El gobierno de Nicolás Maduro ha tomado el control de la Cruz Roja Venezolana el 5 de agosto, lo que representa una amenaza para las ONG que operan en el país. Esto se suma a las preocupaciones que ya tenían debido al proyecto de ley de Cooperación Internacional que busca restringir sus actividades.

La intervención de la Cruz Roja ha sido impulsada por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y diputado de la Asamblea Nacional.

Cabello acusó al presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, de acoso y maltrato a los voluntarios de la institución, así como de conspirar contra la «revolución bolivariana». Esta acción no tiene precedentes en América del Sur, excepto por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que disolvió y confiscó la Cruz Roja de ese país en 2023. En respuesta a las acusaciones, el fiscal general de la República designó a un fiscal para investigar y sancionar los presuntos hechos de acoso y maltrato.

Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia ordenando el cese de los cargos de la directiva de la Cruz Roja y la designación de una junta reestructuradora ad hoc. Tanto Villarroel como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja rechazaron la intervención.

Algunos denunciantes internos habían reportado malos tratos verbales, acoso sexual y manejo inadecuado de donaciones, pero buscaban correcciones internas en lugar de una intervención estatal. La intervención de la Cruz Roja es vista como una amenaza directa para las ONG en Venezuela, especialmente durante la campaña electoral.

Se cree que el gobierno busca controlar los fondos manejados por la Cruz Roja Internacional para tener más control social durante la contienda electoral. La medida del gobierno contra la Cruz Roja ha sido considerada como un mensaje político e intimidación hacia las ONG que trabajan en ayuda humanitaria. Sin embargo, muchos voceros de las ONG se han negado a expresar su posición por temor a represalias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado estas decisiones judiciales, ya que afectan la libertad de asociación y profundizan la desconfianza en el sistema electoral. En resumen, esta intervención de la Cruz Roja Venezolana representa una amenaza para las ONG en el país y ha generado preocupación en la comunidad internacional.

El Nacional