Lilian Romero, presidenta y fundadora de Asotránsito, una asociación civil creada para la protección a las víctimas de siniestros viales y educación vial en Venezuela, explicó que las multas por infracciones de tránsito no son de pago inmediato, de acuerdo con lo que establece la Ley de Tránsito Terrestre.
La ONG aclaró que el plazo legal es de 30 días hábiles en la Ley de Tránsito Terrestre y 15 días en la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana del estado Miranda. La publicación fue difundida debido a las denuncias en redes sociales sobre funcionarios que exigen el pago inmediato de la multa en el momento de la requisa policial.
En varias ocasiones, Asotránsito también ha desmentido que la legislación venezolana establece que las personas que no paguen la infracción deben cumplir con un trabajo comunitario en caso de no tener el dinero para pagar la multa, aun cuando el conductor es detenido en flagrancia.
“No hay una ley en Venezuela, en materia de transporte, que te obligue a pagar la multa de una vez”, explicó Romero en un video publicado en las redes sociales de Asotránsito.
Desconocimiento de la ley de tránsito incide en que conductores sean víctimas de procedimientos irregulares
El 7 de febrero de 2024, El Diario publicó un reportaje que aborda que el incremento de la exposición en redes sociales de casos de procedimientos irregulares en las alcabalas en Venezuela.
El abogado Joel García explicó que en Venezuela existe desconocimiento en cuanto a la legislación de tránsito, lo que lamentablemente propicia que la ciudadanía se conviertan en víctimas potenciales de actos corruptos por parte de funcionarios públicos. Este desconocimiento abarca diversos aspectos de la normativa vial, desde los requisitos para la conducción de vehículos hasta los procedimientos legales en puntos de control y alcabalas.
A su juicio, esta falta de información y claridad en torno a los derechos y responsabilidades de los ciudadanos durante los controles policiales contribuye significativamente a la vulnerabilidad de la población ante posibles abusos de autoridad.
¿Qué hacer en caso de ser víctima de un procedimiento ilegal?
El abogado Joel García enfatizó que, ante posibles procedimientos ilegales en alcabalas o puntos de control, es importante que la persona afectada acuda a realizar una denuncia ante el departamento o inspectoría de disciplina del organismo policial involucrado.
Si el conductor es retenido en una alcabala o punto de control por motivos irregulares, tiene el derecho de formalizar una denuncia ante las autoridades, ya que esto constituye una violación del derecho humano a la libertad y un abuso de autoridad.
Además, los especialistas destacaron que, ante casos de extorsión o abuso de autoridad, es completamente legal grabar los procedimientos policiales. La ley venezolana garantiza a las personas “el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales” al realizar grabaciones de audio y video de los procedimientos policiales en las alcabalas.