El gobierno de Nicolás Maduro ha estado empañado no solo por diversas protestas debido a la crisis que se vive en el país, sino también por denuncias en materia de derechos humanos, un aspecto en donde sus adversarios son amenazados e incluso, desterrados.
El exilio forzado es un movimiento que está prohibido y viola la Constitución venezolana, que en su artículo 50 dice que “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”. Así lo subrayó en su momento, Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal.
Por su parte, Milos Alcalay, exembajador de la Organización de las Naciones Unidas para Venezuela, ha explicado que esta medida constituye también una violación a los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano, según información recogida por Proiuris.
Sin embargo, es una carta que el gobierno de Maduro ha usado en varias oportunidades, siendo el caso más reciente el del exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.
El exmilitar y exjefe de inteligencia del chavismo fue puesto en libertad este 21 de enero tras casi cinco años en prisión. No obstante, su excarcelación se dio bajo medidas cautelares y, según información extraoficial, como parte de la negociación en México.
Pero su libertad no podrá gozarla en su país, ya que lo expulsaron a España, en donde podrá caminar como un hombre libre nuevamente.
Esta decisión no fue aplaudida por muchos. Esto debido a que al también creador del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo señalan de responsable del encarcelamiento de decenas de opositores.
Y peor aún, de crear una celda de máxima seguridad llamada ‘La Tumba’, un lugar en el que se han registrado innumerables actos de tortura hacia disidentes del chavismo, según denuncias de políticos y activistas de los derechos humanos.
Excarcelados y desterrados del gobierno de Maduro
¿Pero qué otras figuras políticas han encontrado la libertad de esta manera? Uno de ellos fue el exdirigente estudiantil Lorent Saleh, quien estuvo detenido durante cuatro años en los calabozos del Sebin y también es víctima del destierro por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque actualmente está en libertad, Saleh continúa cumpliendo otro castigo: no volver más a su país. Al fundador de la ONG Operación Libertad lo excarcelaron el 12 de octubre de 2018. Pero lo trasladaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía para ser exiliado a España.
Su liberación la catalogaron de “imprevista” y como una cortina de humo para tapar el revuelo causado por la muerte, en extrañas circunstancias, del concejal metropolitano Fernando Albán. Pues, mientras el Ministerio Público aseguró que se trató de un suicidio, la oposición denunció un presunto asesinato.
Ese mismo año otro preso político también quedó desterrado. Se trató de Villca Fernández, un exdirigente estudiantil que luego de publicar un tuit sobre Diosdado Cabello lo encarcelaron el 31 de enero de 2016.
Fernández estuvo recluido en El Helicoide y fue víctima de torturas, golpes y aislamientos. En mayo de 2018 hubo un motín del cual fue partícipe, y el gobierno de Nicolás Maduro tomó una drástica decisión: exiliarlo a Perú.
Otros casos similares son los de Gabriel San Miguel y Francisco Márquez Lara, dirigentes del partido político Voluntad Popular. A ambos los detuvieron el 19 de junio de 2016 bajo los cargos de legitimación de capitales e instigación pública.
Tras dos meses y medio en prisión, San Miguel quedó en libertad el 9 de septiembre. Mientras que a Márquez Lara el 18 de octubre de 2016. No obstante, los obligaron a abandonar el país y dirigirse a España.
Diversos políticos venezolanos condenaron este hecho, debido a que los estaban forzando a alejarse de su familia y de su nación.