Según el internacionalista Mariano de Alba, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene la capacidad de obligar a Venezuela a cumplir con la decisión que tome sobre el referendo consultivo del próximo 3 de diciembre, según informa El Nacional.
Este viernes, la CIJ emitirá una orden relacionada con las medidas solicitadas por Guyana contra el proceso. De Alba afirma que es poco probable que se le pida al gobierno de Nicolás Maduro que modifique las preguntas o suspenda el llamado, como lo exigió Guyana, y duda que las autoridades venezolanas acaten una posible decisión de la CIJ al respecto.
Sin embargo, cree que la corte exigirá a ambas partes abstenerse de acciones que aumenten la tensión en la disputa territorial. Desde el punto de vista jurídico, las consecuencias para Venezuela serían principalmente de carácter reputacional en caso de no cumplir con la orden de la CIJ.
En ese caso, el gobierno guyanés podría solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que revise la situación y tome las medidas que considere necesarias.
Por su parte, Acceso a la Justicia criticó la postura del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ignorar los organismos de justicia internacional en lugar de cooperar con ellos, como exigen los tratados internacionales.
La organización sostiene que el Estado venezolano tiene argumentos jurídicos sólidos para afirmar que el territorio del Esequibo le pertenece y que debe buscar una solución al conflicto con Guyana aplicando el Acuerdo de Ginebra de 1966 y defendiendo su posición ante la CIJ.