El 24 de agosto, Elvis Hidrobo Amoroso dejó su cargo en la Contraloría General de Venezuela después de cinco años como su máxima autoridad, lo que ha planteado desafíos constitucionales y pendientes en el país.
Con información de TalCual
Según Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, la renuncia de Amoroso representa una falta absoluta y, por lo tanto, debe nombrarse un nuevo contralor. Esto activa un proceso constitucional que involucra al Consejo Moral Republicano, el parlamento y la sociedad civil venezolana.
Juan Manuel Raffalli, abogado y profesor de la UCAB y de la Monteávila, sostiene que la ausencia de Amoroso no debe impedir la aplicación del texto constitucional y que debió nombrarse un contralor suplente provisional para formar parte del Consejo Moral Republicano.
El proceso constitucional implica la formación de un comité de evaluación de postulaciones del Poder Ciudadano, la elección de una terna por cada órgano del Poder Ciudadano y la aprobación del nuevo representante de la Contraloría por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.
La ausencia en la Contraloría no conlleva automáticamente la renovación completa del Poder Ciudadano, ya que cada organismo es independiente, y no se espera que el fiscal o el defensor del Pueblo renuncien a menos que la Asamblea lo solicite.
Transparencia Venezuela destaca que la gestión de Amoroso careció de transparencia y que no se publicaron informes de gestión sobre auditorías a empresas estatales ni sobre obras inconclusas financiadas por el Estado. Además, hubo falta de información sobre funcionarios o casos procesados durante su gestión.
El desafío actual es designar a una persona idónea para combatir la corrupción en Venezuela y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, lo que representa una oportunidad única para el gobierno y su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela.