Según fuentes cercanas al caso, El Nacional ha sabido que los familiares de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, intentaron visitarla en la sede de El Helicoide, pero se les negó el acceso. Sin embargo, se espera que en los próximos días se les permita a los familiares ver a la activista de derechos humanos.
El viernes 9 de febrero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestaron a San Miguel en el aeropuerto de Maiquetía junto a cinco miembros de su familia: su hija, su exesposo, dos hermanos y su padre. El régimen socialista la acusa de estar involucrada en una supuesta conspiración que incluía el «asesinato» de Nicolás Maduro, y la ha acusado de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Oscar Murillo, director de la organización no gubernamental Provea, ha advertido sobre un peligroso escenario de extinción del Estado de derecho en Venezuela después de la desaparición forzada de San Miguel y las declaraciones posteriores del fiscal general Tarek William Saab.
La detención de San Miguel, quien ha tenido medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2012, ha generado gran preocupación en la comunidad internacional, la cual ha instado al gobierno de Maduro a respetar el debido proceso y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.