La abogada Rocío San Miguel insiste que la puesta en marcha de nuevas unidades de la FAN a lo largo del territorio nacional tras el conflicto iniciado el 21 de marzo en Apure, «no se corresponde en la calidad de ver una respuesta del Estado para dar seguridad en la frontera»
Aunque el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Fuerza Armada Nacional (FAN) cesó luego de que el grupo guerrillero pidiera negociaciones para lograr un acuerdo y denunciando a los militares venezolanos de ser violadores de derechos humanos, aún existen vacíos de información sobre la situación ocurrida en el estado Apure.
Existen denuncias de desaparecidos en la zona, de detenciones arbitrarias, violaciones de derechos humanos. Es el caso de 11 militares venezolanos desaparecidos, de los cuales ya se conoció que ocho están secuestrados por la FARC en calidad de «prisioneros de guerra». De los otros tres aún se desconoce su paradero.
Al respecto, la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, sostiene que esta puede «ser una estrategia para buscar internacionalizar lo que ocurre en el Alto Apure en este momento».
Añade que en este conflicto hay que entender que en la frontera no solo opera la disidencia de las FARC, sino también otros grupos armados como la milicia local, paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cada día consolidan más su capacidad operacional sobre este territorio.
San Miguel insiste que la puesta en marcha de nuevas unidades de la FAN a lo largo del territorio nacional, «no se corresponde en la calidad de ver una respuesta del Estado para dar seguridad en la frontera».
«La Fuerza Armada Nacional está demostrando su incapacidad para controlar el 70% del territorio venezolano, que corresponde al anillo fronterizo nacional; lo cual pone de relieve la muy probable expansión y consolidación de los grupos armados del territorio», dijo.
Rocío San Miguel explica que les preocupa el control ciudadano, la consolidación de una guerrilla binacional, la retaliación contra la población local de esos territorios por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, la extensión geográfica que está adquiriendo el conflicto, la intensidad de los combates, la extensión geográfica que está adquiriendo este conflicto, la intensidad de los combates, la ausencia de reglas de enfrentamiento por parte de la FAN, tratamiento asimétrico que se está dando a los diferentes grupos armados al margen de la ley.
Minas antipersonas de la FAN
La abogada Rocío San Miguel recordó que Venezuela reportó ante la Organización de las Naciones Unidas haber sembrado alrededor de 1.074 minas antipersonas alrededor de seis bases navales fluviales fronterizas con Colombia. Sin embargo, expone que información recabada por Control Ciudadano que también fue remitida a la ONU dan cuenta de que «muchos de estos campos minados se han movido en el tiempo debido a las crecidas del río Arauca y quedaron a la deriva muchísimos artefactos explosivos, sin ubicación precisa».
En este sentido, Control Ciudadano considera que los reportes ofrecidos por la FAN sobre la existencia de minas antipersonas son dudosos; pues dicen haber destruido en octubre de 2010 diez campos minados con un total de 77 minas instaladas en río Arauca.
No obstante, San Miguel indica que aunado a la siembra de minas antipersonas por parte de grupos irregulares, «podría estarse dando la situación de la aparición y la existencia de minas antipersonales por parte de la FAN».
Por su parte, Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, rechazó la colocación de minas antipersonas no solo en el estado Apure, sino también en Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas; así como otras entidades donde la FARC y el ELN tienen presencia con actividades de narcotráfico, extracción de oro, coltán y diamante, trata de personas, entre otras actividades ilícitas.
Una de las preocupaciones de Tarazona es que el conflicto no solo se mantenga en la zona, sino que se extienda por otras regiones, principalmente por los estados fronterizos, donde ya se han documentado movimientos de las FARC.
Javier Tarazona repudió una vez más las violaciones a los DDHH que se han cometido en Apure, pero sobre todo «la posición del Estado con la opacidad, la desinformación, las detenciones arbitrarias».
Hasta la fecha en esta zona han ocurrido 32 detenciones arbitrarias (los presos se encuentran en la cárcel de Santa Ana), incluyendo una mujer embarazada, cuyo hijo murió producto de la tortura y a quienes funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) le dijeron: “Aborta, maldita perra”, denunció el representante de Fundaredes.