Cristina Kirchner fue imputada por liderar una asociación ilícita que direccionó obras públicas de vialidad hacia Lázaro Báez, quien ganó cerca del 80% de la obras en Santa Cruz, cotizadas en más de $46.000 millones. Su esposo, Nestor Kirchner, también presidente de Argentina entre 2003 y 2007, aparece mencionado en la trama, pero falleció en 2010. Este martes 2 de agosto se desarrolla la segunda de nueve audiencias previstas. La primera consumió más de ocho horas con los alegatos de los dos fiscales acusadores por el Estado
Este lunes 1 de agosto se cumplió la primera jornada de presentación de alegatos contra la vicepresidenta de Argentina y exmandataria de ese país (2007-2015), Cristina Fernández, viuda de Nestor Kirchner, por un caso de corrupción que involucra 51 contratos de obras públicas en una región con «baja densidad poblacional» que constituyeron, a criterio de los acusadores del Estado «un auténtico y eficaz sistema de corrupción» de tipo piramidal.
«Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabet Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país», señaló el fiscal Diego Luciani en una audiencia que se efectuó de manera telemática.
Luciani está asistido por el fiscal Sergio Mola, quien expuso alegatos contra la exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina durante tres horas y media.
«Hemos analizado 26.000 mensajes. Meses y meses trabajando en estos teléfonos. Vamos a hablar de esto en otro apartado. Acá vamos a tomar solo una franja de tiempo que permite dilucidar cómo fueron los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner», dijo el fiscal Luciani.
Cristina de Kirchner fue imputada por liderar una asociación ilícita que direccionó obras públicas de vialidad hacia Lázaro Báez, quien ganó cerca del 80% de los contratos en Santa Cruz, cotizadas en más de $46.000 millones. Su esposo y también presidente de Argentina entre 2003 y 2007, Nestor Kirchner, aparece mencionado en la trama, pero falleció en 2010.
Como prueba de la «alianza y unión indisoluble» entre Baéz y el matrimonio Kirchner, el fiscal Mola mencionó a Carlos Joaquín Alonso.
«La persona de máxima confianza de Baéz, la que puso a manejar los destinos de esta empresa fue la misma que luego designó Cristina Fernández de Kirchner en un cargo de enorme relevancia para controla la Obra Pública de todo el país» y remató: «Para que se entienda bien, Alonso primero se hizo cargo de algunas empresas de Baéz y luego Cristina Fernández de Kirchner lo designó segundo a cargo de Vialidad. Alarmante».
Para demostrar cómo operaban, el fiscal Mola presentó el testimonio del contador Merino. «En un momento el contador se refiere a que a estos tipos hay que hacerle caso, si no querés aparecer flotando allá», contaba Merino en un video.
«Nos miramos con la contadora y no supimos que hacer. En ese entonces mi hijo más chico tenía unos siete años. Lo llevaba en transporte escolar a la escuela y lo dejaba a una cuadra. Mi temor fue tal que iba todos los días para esperarlo y acompañarlo”, llegó a decir el hombre antes de que su relato se interrumpiera porque se emocionó. A veces las imágenes valen más que muchas palabras» remarcó Mola y siguió con su alegato.
Este martes 2 de agosto prosigue el juicio que, en la primera jornada, implicó ocho horas de exposiciones. El proceso está en fase de alegatos. En total se prevén nueve audiencias.
Existen documentos que revelan que Lázaro Báez tenía trato preferencial a la hora de cobrar, que sus empresas simulaban competir, que recibió adelantos inusuales y que se le pagó por obras inconclusas, alega la Fiscalía.
Báez crea Austral Construcciones días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia; se «exportan» funcionarios de Santa Cruz a la nación; se concentra en Santa Cruz la obra vial y se la direcciona hacia Báez.
En este juicio oral se investigan hechos que constituirían el delito precedente al lavado de dinero investigado en la «ruta del dinero K», expediente en el que se condenó a Báez a 12 años por lavar unos US$60 millones, precisó La Nación.
La acusada siguió el juicio desde una conexión en el Senado del Congreso argentino. Ha sostenido que todo se trata de una acusación «política». Ya ha afrontado diversas investigaciones judiciales en los últimos años en las que fue absuelta. Este juicio comenzó en 2019 y están acusadas otras 12 personas. De ser condenada, podría quedar inhabilitarla para ejercer en la actividad política.
Luciani afirmó que se trató de «una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia» para favorecer a Báez y explicó «cada una de las 51 licitaciones» que fueron «parasitadas», explicó el fiscal. «Lograron beneficios económicos inmensos en contra del Estado», afirmó, y Báez forjó una fortuna «inmensa».
«El Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado», señaló el abogado acusador en nombre del Estado.
La Oficina Anticorrupción renunció en junio a su condición de querellante en el juicio y la Unidad de Información Financiera pidió semanas atrás la absolución de la exmandataria. Una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.
La Unidad de Información Financiera había considerado «irresponsable avanzar en una acusación» al desestimar los argumentos de la Fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El fiscal Luciani aseguró que tras la pérdida del poder de Cristina Kirchner ante la victoria de Mauricio Macri, «las obras fueron abandonadas a partir del año 2016. Lo que significa miles de millones de pesos tirados a la basura. La Unidad de Información Financiera, de esto, no dijo nada. Quisieron responsabilizar a la gestión entrante sobre la parálisis con el argumento de la persecución. Generaron un caos para Santa Cruz», acusó.
«¿Cuándo se vio que un empresario abandonara un sin número de contratos en ejecución por la mera circunstancia de que se produjera un cambio de Gobierno? Es grotesco”, consideró el fiscal Luciani. «Lázaro Baez insólitamente decidió abandonar todos y cada uno de los trabajos pendientes». Agregó: «Se fue, dejó las obras que tenía a su cargo».
El presidente argentino, Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en los gobiernos de los Kirchner, declaró personalmente en la causa en febrero pasado y respaldó a la vicepresidenta al afirmar que «no hubo nunca reparto arbitrario de fondos».