Los días de diciembre pasan y se acerca fin de año pero antes de que cambie el calendario los venezolanos esperan el pronunciamiento de un actor clave para terminar con la brutal dictadura que padecen: La Corte Penal Internacional (CPI). Es que la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, tiene que presentar su Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020 en el que se espera que se pronuncie sobre el enjuiciamiento internacional de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos.
Infobae
Donde se denuncian sus violaciones atroces los derechos humanos, Maduro se ofende y se va. Se fue la OEA, de la CIDH, hasta amagó con irse de la ONU, pero de La Haya no puede: Venezuela reconoce la competencia del Tribunal de Justicia. Allí denunció a EEUU por las sanciones, y allí se presentaron una montaña de evidencias de sus crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, un paso previo a una eventual investigación, por abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, como en cárceles donde pudieron haber sido maltratados presos opositores al régimen de Maduro, pero desde entonces hubo pocas novedades.
Julio Borges, canciller de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela reconocido por la comunidad internacional, afirmó en diálogo con Infobae que “los tiempos de la justicia universal son lentos y no compaginan con el sufrimiento del pueblo venezolano”. “Nosotros esperábamos que los resultados de este examen se hubieran publicado hace mucho tiempo, demandamos celeridad porque cada día que pasa representa más torturas, más asesinatos extrajudiciales, más perseguidos y exiliados; y por supuesto, menos justicia”, denunció.
La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad. El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial.
En una polémica decisión, en noviembre de este año, Bensouda recibió a una delegación de la dictadura compuesta por el fiscal general Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Decenas de países democráticos no reconocen a los funcionarios de Maduro como legítimos por eso esta reunión -con varias fotos públicas- causó revuelo internacional. En la cita, sin embargo, la fiscal informó a la delegación chavista que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
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