Fiscal de Maduro afirma que no es necesaria una oficina de la CPI en Venezuela

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El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, afirmó el lunes que en Venezuela no es necesaria la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) porque la instancia que representa está en capacidad de llevar a cabo investigaciones sobre presuntas violaciones de los DDHH.

Por El Político

Saab dijo que «en Venezuela hacemos justicia en materia de DDHH. No hace falta que una instancia trasnacional, llámese CPI o como sea, haga lo que ya en el país estamos haciendo nosotros. No tiene por qué entrometerse en Venezuela un organismo trasnacional», reportó ElNacional.

En una entrevista concedida al canal de noticias Globovisión, Saab insistió en que muchas de las denuncias no son reales y que forman parte de un plan de factores ajenos a la realidad nacional.

Panorama general

Hace tan solo unos días, el régimen de Nicolás Maduro suscribió un acuerdo con el fiscal de la CPI, Karim Khan, que incluye la instalación de una oficina de asistencia técnica en Venezuela.

La firma del memorando de entendimiento es considerado como positivo por expertos en materia de DDHH.

El documento, cuyo contenido no se ha hecho público, fue firmado el viernes por Nicolás Maduro y el fiscal de CPI, Karim Khan.

El fiscal de la CPI dijo que la oficina ya tiene sede, lo que le permitirá “venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana” para ayudar al país a “cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”.

Aún se desconoce el número de funcionarios que estarán en el país, pero la CPI resaltó que la oficina permitirá “acercar” su trabajo a Venezuela, apoyar la prestación de asistencia y mejorar la cooperación para la rendición de cuentas.

La oficina de la CPI no recibirá denuncias

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que la oficina no recibirá denuncias y precisó que tendrá un “carácter técnico, de formación” y “cooperación” dentro de la complementariedad.

“Nosotros tenemos la clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo el domingo Saab en una entrevista concedida al canal privado, Venevisión.

Aseguró que la firma de ese Segundo Memorándum de Entendimiento es un avance positivo del Estado venezolano, lo que, a su juicio, es «un tema que no se debe utilizar ni a favor ni en contra.

El tema de los derechos humanos es un tema de justicia y de verdad»

Saab desestima las denuncias

Saab también insistió en que muchas de las denuncias presentadas ante la CPI son promovidas por quienes no son víctimas.

Señaló que la iniciativa del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional fue una trama estrictamente política.

El fiscal aseveró que el «Ministerio Público lidera una acción penal que, con base en las denuncias sobre DDHH, ha actuado con mucha fuerza, de manera ceñida a lo implacable, que son las sanciones en esta materia, hay cifras, informes».

¿Por qué es importante?

La apertura de una oficina de la CPI  en Venezuela es importante por varias razones:

  1. Permite que la CPI tenga una presencia física en Venezuela, lo que significa que puede monitorear de manera más efectiva los crímenes internacionales que se cometen en el país.
  2. Ayuda a fortalecer el estado de derecho en Venezuela y garantiza que se haga justicia en casos de delitos internacionales, incluidos los crímenes de lesa humanidad.
  3. Envía una señal clara al régimen chavista y a los ciudadanos de Venezuela de que la comunidad internacional está comprometida con la protección de los DDHH y la lucha contra la impunidad.
  4. Puede ayudar a disuadir a los perpetradores de crímenes internacionales de cometer más violaciones de los derechos humanos.

Muro de contención

El codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, confirmó que la oficina en Caracas no recibirá denuncias ni recabará información de casos de crímenes de lesa humanidad.

Explicó que sus funciones estarán orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos, como parte de los mandatos establecidos en el Estatuto de Roma.

“Lo lógico es que se dé capacitación técnica a países que no están siendo investigados porque quieren evitar errores», destacó Daniels.

Agregó que «esta situación es particular porque un país que está siendo investigado va a recibir capacitación técnica, pero en el Estatuto tiene sentido porque son situaciones diferentes”.

También aclaró que el fiscal de la CPI tiene un “papel constitucional” y que está en la obligación de dar asistencia técnica a cualquier país, tenga o no una investigación abierta.

De igual modo, destacó que el hecho de que personal de la CPI esté en el terreno es “esencial” para la fiscalía.

“Nunca jamás va a ser igual que a un funcionario le cuenten lo que pasa en Venezuela a que él lo vea (…) aunque no recaude información para la investigación va a saber lo que es vivir en Venezuela y eso no tiene precio, es inestimable”, dijo Daniels.

Precisó que la oficina de la CPI en Caracas podría representar un muro de contención para la comisión de violaciones a los DDHH.

Maquinaria de tortura

El abogado recordó que a partir del momento en el que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) comenzó a denunciar crímenes de lesa humanidad en el país, el número de ejecuciones extrajudiciales ha bajado, aunque siguen siendo “números escandalosos”, puntualizó.

“Sí he hecho mella, sigue la maquinaria de tortura, sigue la maquinaria de represión, pero está siendo mucho más selectiva porque saben que los están observando”, considera.

Entre líneas

En marzo de 2022 cuando se anunció la apertura de la oficina, el fiscal Khan añadió que acordó con el Estado venezolano la emisión de “visados de múltiple entrada” que serán concedidos a diversos miembros de su equipo para poder acceder “de forma sencilla” a Venezuela.

Al respecto, Calixto Ávila, activista de Provea, recordó la semana pasada que el mecanismo cuenta con un presupuesto de más de 1.550.000 euros.

Dicho presupuesto fue aprobado por la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI en diciembre de 2022.

En resumen

Saab explicó que la iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional «fue una trama estrictamente política, utilizando algo tan delicado, tan trascendente para la vida Republicana de cualquier nación, como el tema de los DDHH.».

Precisó que Venezuela tiene en su sistema de justicia «un Ministerio Público que lidera la acción penal que, con base en las denuncias sobre derechos humanos, ha actuado con mucha fuerza, de manera ceñida a lo implacable, que son las sanciones en esta materia, hay cifras, informes», refirió.

Indicó que el Ministerio Público han documentado 4 mil folios ante la fiscalía de la CPI sobre por esta materia, por lo que advirtió no caer en la búsqueda del extremismo, «yo busco el equilibrio», finalizó.

Fuente: El Político