El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha negado categóricamente las acusaciones de desaparición forzada en el caso de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y cinco miembros de su familia. Saab afirmó que se llevó a cabo una audiencia de presentación dentro de los límites legales y en pleno respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Durante una conferencia de prensa, Saab expresó su incredulidad ante las acusaciones de desaparición forzada y afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro no toleraría ni permitiría tal acto.
Saab también aprovechó la oportunidad para cuestionar la credibilidad de las diversas organizaciones no gubernamentales que han denunciado el caso, calificándolas de «tarifadas». Según el fiscal, Rocío San Miguel está vinculada al caso Brazalete Blanco, que involucra un plan para atacar una instalación militar, asesinar a un gobernador oficialista y llevar a cabo un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Saab afirmó que hay 19 personas involucradas en el caso y que se han emitido 15 órdenes de arresto.
En cuanto a los miembros de la familia de San Miguel, el ex esposo de la activista fue acusado de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la justicia y asociación, mientras que los otros cuatro miembros de la familia enfrentan cargos por ocultar y encubrir pruebas relacionadas con la activista.
La detención de Rocío San Miguel ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La embajada de España en Venezuela ha estado siguiendo de cerca el caso y ha llevado a cabo gestiones para asegurar el paradero de San Miguel y garantizar sus derechos. Además, el Foro Argentino por la Democracia (FADER) ha pedido a la justicia argentina que investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos en el caso de San Miguel.
Defensores de los derechos humanos se han congregado en la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas para denunciar la falta de debido proceso en el caso de San Miguel y para afirmar que tanto ella como su familia han sido sometidos a una desaparición forzada.
Es importante destacar que el concepto de «sippenhaft» (responsabilidad familiar) ha sido mencionado en relación con este caso. Este concepto, establecido en la Alemania nazi, implica que la responsabilidad de un acusado por crímenes contra el Estado se extiende automáticamente a sus familiares.
En resumen, el fiscal general de Venezuela ha negado las acusaciones de desaparición forzada en el caso de Rocío San Miguel y su familia, afirmando que se siguieron todos los procedimientos legales. Sin embargo, defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales continúan expresando su preocupación por el caso y pidiendo una investigación imparcial.