Fiscalía de la Corte Penal Internacional y Estado venezolano presentan argumentos en audiencia pública

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La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) llevó a cabo la primera audiencia pública sobre el recurso de apelación presentado por el Estado venezolano contra la decisión de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La audiencia se centró en resolver si la notificación de la fiscalía a Venezuela debía incluir detalles específicos sobre los hechos penales y los posibles acusados. El representante del Estado venezolano argumentó que la notificación carecía de información detallada, como fechas, ubicaciones y número de víctimas, lo que dificultaba su respuesta.

Por su parte, la fiscalía de la CPI defendió que la notificación proporcionaba parámetros específicos sobre la investigación prevista, incluyendo el alcance geográfico, los presuntos responsables y los tipos de crímenes de lesa humanidad que se investigarían. Además, señaló que en esta fase de la investigación no era necesario detallar los crímenes ni los sospechosos.

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas argumentó que antes de iniciar la investigación es imposible definir los parámetros precisos del caso y identificar sospechosos. También destacó que las víctimas consideran que Venezuela no está investigando los crímenes cometidos contra sus familiares y amigos.

Expertos señalan que esta audiencia es positiva, ya que permite exponer los argumentos ante los jueces de manera sucinta. Esto agiliza el proceso y podría llevar a una decisión a finales de este año o a principios del próximo.

Cabe destacar que esta es la primera vez que se lleva a cabo una audiencia de este tipo en un caso de la CPI, lo que demuestra el compromiso de la Sala de Apelaciones con el debido proceso y la transparencia.

En 2021, la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y firmó un memorando de entendimiento con el Estado. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación. A finales del año pasado, la fiscalía solicitó autorización para reanudarla, lo cual fue concedido.

Durante su visita a Venezuela en junio, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento para establecer una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país. Esta cooperación busca garantizar una investigación justa y completa de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

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