La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llegado a un acuerdo de colaboración con el gobierno de Venezuela, según anunció el fiscal de la CPI, Karim Khan. Aunque no se han revelado detalles específicos, se cree que este acuerdo podría significar la apertura de una oficina de la fiscalía de la CPI en Venezuela.
Durante su tercera visita al país en junio, Khan firmó un memorando de entendimiento con el presidente Nicolás Maduro para establecer una cooperación y trabajo conjunto en la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en Venezuela. Este acuerdo también incluye asistencia técnica y asesoramiento en las reformas que el país está llevando a cabo para garantizar una mayor justicia, responsabilidad y paz sostenible.
La posible apertura de una oficina de la fiscalía de la CPI en Caracas ha sido recibida positivamente por defensores de los derechos humanos, quienes consideran que podría servir como un «muro de contención» para el gobierno. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil han pedido al gobierno venezolano que haga público el memorando de entendimiento, argumentando que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales en la construcción de políticas públicas.
En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó a Khan a reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado venezolano no ha investigado adecuadamente estos delitos. La Sala de Apelaciones de la CPI ha celebrado recientemente dos audiencias sobre el recurso de apelación presentado por el Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
La fiscalía de la CPI ha expresado su preocupación por la falta de avances en las investigaciones llevadas a cabo por Venezuela, mientras que el canciller venezolano, Yvan Gil, ha vuelto a negar la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país.
Es importante destacar que esta colaboración entre la fiscalía de la CPI y el gobierno de Venezuela podría representar un paso significativo hacia la rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos en el país. Sin embargo, habrá que esperar a conocer más detalles sobre el plan de trabajo y la posible apertura de la oficina de la fiscalía de la CPI en Venezuela para evaluar su impacto real en la búsqueda de justicia.