El Foro Cívico de Venezuela emitió un comunicado este domingo expresando su rechazo a la criminalización y judicialización de los organizadores de las primarias opositoras celebradas hace una semana. Estos organizadores fueron convocados por la Fiscalía para responder a las acusaciones de fraude en el proceso electoral. La ONG, que está compuesta por 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, manifestó su preocupación por el aumento en la retórica política de las autoridades nacionales después de la alta participación ciudadana en las elecciones primarias promovidas por la Plataforma Unitaria y otros actores sociales.
El Foro Cívico afirmó rotundamente que rechaza la continuación de la persecución, criminalización y judicialización de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Además, cuestionó los argumentos presentados por la Fiscalía para investigar los comicios opositores y señaló que el fiscal general, Tarek William Saab, no presentó pruebas de sus afirmaciones contra el proceso.
La organización advirtió que estas acciones podrían provocar protestas ciudadanas que podrían perturbar el proceso de diálogo y los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la oposición en Barbados el pasado 17 de octubre.
Finalmente, el Foro Cívico hizo un llamado a actores nacionales e internacionales para que exijan de manera enérgica el respeto al acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado durante las negociaciones.
El próximo lunes, los ciudadanos Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul-Hadi, quienes organizaron las primarias sin la ayuda del Consejo Nacional Electoral (CNE), deberán comparecer ante investigadores especializados en legitimación de capitales, según lo anunciado por el fiscal general el viernes.
La citación se dio a conocer después de que la Fiscalía abriera una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP), en respuesta a las denuncias realizadas por el Parlamento, controlado por el chavismo, y varios dirigentes oficialistas, quienes alegaron que el número de participantes, casi 2,5 millones de personas, fue inflado.