Este jueves 16 de septiembre, a partir del mediodía, la Asamblea Nacional que controla el PSUV inició la revisión de un conjunto de siete leyes que reforman aspectos medulares del sistema de justicia del país y que dijeron que esperaban aprobar en segunda discusión en una «maratónica» sesión, la primera ordinaria del segundo período de sesiones. No obstante, tres horas después, aprobaron diferir dos de las leyes para su aprobación en una sesión extraordinaria el viernes 17, a partir de las 11:30.
El paquete legislativo incluye la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público que regula lo previsto en el artículo 51 de la Constitución. Ese artículo precisa que «toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta».
Pedro Carreño, presidente de la comisión especial que revisó los proyectos sometidos a aprobación artículo por artículo, dijo que el conjunto de leyes les «llenan de orgullo» y viene en auxilio de «un pueblo que ha vivido penurias por falta de instrumentos jurídicos acordes con esta Constitución garantista».
El primero de los textos revisado en segunda discusión, aprobado artículo por artículo, fue el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que fue despachado en 50 minutos. De inmediato, la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario se produjo tras una lectura que tomó 18 minutos.
El presidente del Parlamento madurista, Jorge Rodríguez, señaló que la sanción de la reforma del COPP «implica un incremento de los derechos de la ciudadanía común» y le brinda «herramientas suficientes, útiles para prevenir cualquier abuso de autoridad o cualquier dilación en el debido proceso».
En su turno, al inicio de la sesión para presentar el conjunto de leyes, Carreño destacó que con la reforma del COPP se persigue reducir los lapsos procesales que incidirán en acelerar las audiencias judiciales, que «es una letanía» que lleva la gente «como una viacrucis», de modo que de los 20 días establecidos se reduzcan a cinco. «¡Esto es un logro, una conquista! que solo lo saben los que tienen (familiares) privados de libertad».
No más civiles en tribunales militares
A las 2:36 de la tarde quedó sancionado el tercer instrumento legal: la Ley de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. Jorge Rodríguez dijo en este punto que era «un día histórico», «ya se notan los efectos del trabajo de la Comisión Especial para la Reforma Judicial». Seguidamente se procedió a sancionar la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Justicia Militar, que tomó nueve minutos en su revisión artículo por artículo.
Jorge Rodríguez dijo que esta Ley de Justicia Militar es un homenaje «a los que prendieron la lucha en los años 60, 70 y 80» de modo que en adelante los civiles sean juzgados por tribunales civiles y no militares. Afirmó que antes hubo «centenares de desaparecidos, por miles torturados y por miles también sometidos a juicios militares con el falso eufemismo de haberse declarado en rebelión militar. En efecto, se declararon en rebelión contra la desigualdad, el entreguismo y el lacayismo. Con esta reforma la AN rinde homenaje a las voces que intentaron ser acalladas por la tortura y el asesinato».
A las 2:59 de la tarde fue sancionada la Ley de Reforma de la Ley del Estatuto de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística. Una vez sancionada esta quinta ley, el diputado Carreño solicitó el diferimiento de la agenda, a saber: la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
Disminuir la discrecionalidad del Ministerio Público
Al inicio del debate en la plenaria, Pedro Carreño explicó que con la ley del COPP vigente «el Ministerio Público tenía facultades de árbitro del proceso y no el garante de los derechos humanos, y resulta que el fiscal del Ministerio Público, si no estaba de acuerdo con la decisión del juez, apelaba con efectos suspensivos y la libertad quedaba suspendida. En esta reforma queda excluida para siempre esa acción». Destacó que en el artículo 126 se incorpora «la formalización del acto de imputación sobre la premisa de que verdaderamente hay culpabilidad (…) se le quita a los operadores de justicia la discrecionalidad de tipificar los delitos que les den la gana, tendrán que demostrarlos. Pero no queda allí, en esta misma reforma para garantizar la presencia de las víctimas en todos los circuitos van a tener una oficina para que no haya la excusa de que no reciben las notificaciones; en esa misma oficina van a recibir notificaciones para audiencias y las libertades». Recalcó que esta reforma atiende a «la preocupación de Diosdado Cabello».
En el caso de la Ley de Reforma de la Ley del Estatuto Policial, Carreño explicó que se incluirá en todas las oficinas de todas las policías, regionales, locales y la científica, una Comisionaduría de DDHH, como «órgano de control ante la vulneración de los derechos fundamentales de la víctima, pero dependerán del Ministerio de Justicia». Esa instancia, dijo Carreño, recibirá denuncias no solo de la parte acusadora, de la defensa privada y de los familiares y del poder popular que puede ir allí».
El conjunto de leyes que están siendo sancionadas en la primera sesión ordinaria del segundo período de la Asamblea Nacional madurista fue presentado por Diosdado Cabello en su condición de presidente de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.
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Fuente: Tal Cual