Gobierno de Maduro desata crisis en la región por trabas en inscripción para las presidenciales

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Las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro para la inscripción de la candidatura de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio han generado un rechazo generalizado en la comunidad internacional. Incluso países como Colombia y Brasil, que son considerados aliados políticos del mandatario chavista, han expresado su preocupación por los acontecimientos.

El tono utilizado por Caracas para criticar los comunicados de Bogotá y Brasilia ha generado tensiones que no se veían desde los tiempos en que Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva estaban en el poder. Maduro hizo referencia a los gobiernos de derecha y a la «izquierda cobarde» que no son capaces de condenar los golpes y las maniobras que atentan contra la paz. Además, calificó al movimiento Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, como «terrorista».

En respuesta, Petro afirmó que no existe una «izquierda cobarde», sino la posibilidad de cambiar el mundo a través de la profundización de la democracia. Destacó que la magia de Chávez fue proponer democracia y cambio en el mundo, y que la revolución actual consiste en transformar el mundo mediante la profundización de la democracia.

Al final del día, la candidata respaldada por María Corina Machado, Corina Yoris, no pudo inscribirse debido a fallas en la plataforma electoral. Esto abrió el camino para la postulación de dos candidatos, uno de los cuales, Manuel Rosales, genera más reservas que certezas en amplios sectores de la oposición.

El rechazo de los países vecinos, en particular Colombia y Brasil, a estas restricciones ha provocado una enérgica respuesta por parte de la cancillería venezolana, que ha destacado que las declaraciones de sus vecinos son una injerencia grosera en los asuntos internos de un país soberano, dictada por Estados Unidos.

Pero no han sido solo estos países los que han expresado su preocupación. Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Perú y la Unión Europea, entre otros, han manifestado de diversas formas su inquietud y han señalado que los acontecimientos recientes constituyen una violación de los Acuerdos de Barbados y de las reglas de transparencia y equidad democrática que se espera en un proceso electoral.

Colombia ha reiterado su respeto absoluto a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano, al tiempo que ha pedido garantías políticas y electorales para todos los actores políticos, en aras de promover la participación ciudadana y la expresión democrática a través del voto. Además, ha destacado la necesidad de apoyar y fortalecer la democracia en Venezuela.

A diferencia de la actitud asumida por el presidente Petro en el pasado, ahora se ha normalizado las relaciones diplomáticas y consulares entre Colombia y Venezuela, y Bogotá ha adoptado una postura mediadora en el diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición. Sin embargo, la respuesta de la cancillería venezolana ha sido agresiva y no se había visto en meses.

El canciller venezolano, Yvan Gil, ha calificado las declaraciones de Colombia como una grosera injerencia y ha acusado a la cancillería colombiana de actuar de mala fe para minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales.

El tono también se mantuvo en Brasil, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por el proceso electoral en Venezuela y destacó que aún no se ha dado ninguna explicación sobre la obstrucción de varias candidaturas presidenciales, lo cual no es compatible con los Acuerdos de Barbados.

El expresidente Iván Duque ha hablado sobre la compleja situación electoral en Venezuela y ha advertido sobre posibles detenciones ilegales o atentados contra la vida de María Corina Machado por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

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