El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido revocar la providencia que regulaba el servicio de entregas a domicilio en Venezuela. Esta providencia, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero, establecía un impuesto del 1% sobre todas las encomiendas realizadas a través de aplicaciones digitales.
La decisión fue anunciada en un comunicado de prensa compartido en redes sociales por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Según el comunicado, esta medida se tomó después de una reunión entre el gobierno y representantes de las empresas de entrega a domicilio, con el objetivo de avanzar en un plan de trabajo conjunto.
Además de revocar la providencia, se acordó transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Esta decisión fue recibida con agrado por las empresas de delivery.
El comunicado también menciona que ambas partes acordaron mantener un diálogo constante para mejorar el impacto y la relación entre las empresas y el gobierno, con el objetivo de beneficiar al pueblo venezolano.
La providencia que fue revocada establecía la creación de un registro obligatorio, administrado por Ipostel, en el cual las empresas debían pagar una tarifa de 300 dólares para obtener una licencia que les permitiera hacer entregas a domicilio. También se establecía un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento de la licencia, así como un sistema de sanciones que incluía una multa de 6.000 dólares para los operadores que incumplieran los lineamientos.
En resumen, el gobierno de Maduro ha dejado sin efecto la providencia que regulaba el servicio de entregas a domicilio en Venezuela. Esta medida ha sido recibida positivamente por las empresas de delivery, y se espera que el gobierno y estas empresas continúen trabajando juntos para mejorar el servicio y beneficiar al pueblo venezolano.