Gobierno español entrega a Maduro al opositor Ernesto Quintero

@DolarToday / Jul 15, 2022 @ 8:00 am

Gobierno español entrega a Maduro al opositor Ernesto Quintero

En un comunicado de La Moncloa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se opone a adoptar, por falta de competencia, la medida cautelar por la cual la defensa del opositor venezolano había pedido suspender el acuerdo de extradición aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2021

Por Europa Press – El Nacional

La Audiencia Nacional rechazó la medida cautelarísima solicitada por Ernesto Quintero para frenar su extradición inminente a Venezuela, que lo reclama por un presunto delito de estafa del que él se declara inocente. El opositor venezolano podría ser entregado en las próximas horas a la justicia venezolana, que había pedido proceder a su entrega entre el 11 y el 14 de julio.

En un comunicado de la Moncloa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se opone a adoptar, por falta de competencia, la medida cautelar por la que la defensa del opositor venezolano había pedido suspender el acuerdo de extradición aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2021.

El viernes 8 de julio la defensa de Quintero solicitó de nuevo a la Audiencia Nacional la suspensión de la entrega ante el «peligro y el daño» que supondría para Quintero y su familia ser trasladado a Venezuela, argumentando que el defensor del pueblo y el Congreso de los Diputados también han alertado de «gran riesgo».

«Existirá riesgo de irrogar un daño irreparable si se obliga a salir de nuestro país a Ernesto Quintero en tanto no se haya resuelto el recurso contencioso-administrativo que contra la resolución del mismo sea procedente», planteó la defensa.

Ahora, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo contestó al escrito de Quintero señalando que «carece de competencia» para dejar sin efecto tanto el acuerdo del Consejo de Ministros como lo resuelto por la Sala de lo Penal de la misma Audiencia Nacional y su Pleno, que fueron quienes acordaron la entrega de Quintero a Venezuela para que sea juzgado por los presuntos delitos de estafa continuada, apropiación de fondos y valores, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

«No procede, en consecuencia, la suspensión cautelarísima» porque «entendemos que lo que, en definitiva, se pretende con la presente solicitud es que esta Sala proceda a revisar el contenido de lo resuelto por aquella», apuntan los magistrados de lo Contencioso.

Ernesto Quintero y la presunta estafa millonaria
Además, los magistrados resaltan que «todas las cuestiones alegadas por el aquí recurrente para fundamentar la medida cautelar interesada han obtenido cumplida respuesta de la Sala de lo Penal», cuyo manifiesto fue confirmado por el Pleno de esta.

Quintero lleva más de un año en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real tras ser detenido en Madrid el 10 de febrero de 2021, después de que tanto el gobierno español como la Audiencia Nacional aceptaran la petición de extradición de las autoridades de Venezuela, que le acusan de formar parte de la cúpula de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares.

Desde entonces, Quintero ha estado encarcelado a la espera de que España y Venezuela acordaran la fecha de entrega, tal y como marca el convenio bilateral sobre extradiciones. Estaba previsto que fuera entregado el 12 de febrero, pero se suspendió por complicaciones relacionadas con la pandemia del coronavirus.

En junio, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano, mediante la Interpol y la Embajada de Venezuela en Madrid, planteó al gobierno español realizar la extradición del reclamado durante julio. La defensa de Quintero, que ejerce ‘pro bono’ Oliver Abogados, se ha venido quejando en sucesivos escritos de que su representado «lleva más de 15 meses privado de libertad bajo el pretexto de que su entrega a las autoridades venezolanas se iba a ejecutar».

Recurso a la justicia europea
De todas formas, su defensa aduce que la extradición debe quedar suspendida a la espera de lo que acuerde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la demanda que presentaron el 24 de mayo por presunta vulneración de derechos fundamentales.

A este respecto anunciaron a la Audiencia Nacional que tienen intención de impugnar la resolución del Consejo de Ministros, por la que se autorizó enviar a Quintero a Venezuela, mediante un recurso extraordinario de revisión contra actos administrativos firmes.

Asimismo, pusieron sobre la mesa que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente una iniciativa como proposición no de ley para «suspender las extradiciones y conceder urgentemente el asilo por razones humanitarias» tanto a Quintero como al también opositor venezolano Rolando Figueroa, a los que considera «perseguidos en su país por causa de su compromiso político».

Acusación falsa
La defensa de Quintero argumenta que el motivo del que se sirvió el gobierno de Maduro para reclamar su extradición «no solo es rotundamente falso, sino que además oculta la motivación política, ya alegada en multitud de ocasiones, sobre la persecución política declarada por el fiscal general de Venezuela contra las casas de bolsa y sus trabajadores», por considerarlas «afines a una ideología de corte capitalista», opuesta al régimen y «perseguida» por este.

La defensa reitera que la vinculación del opositor con la empresa donde trabajaba era de «subordinación absoluta», con «funciones meramente administrativas siempre llevadas a cabo bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert». Y apuntan que este, en una declaración judicial prestada en Venezuela, dijo que «Quintero no tenía capacidad para cometer los tipos penales enunciados en la orden de aprehensión en su contra».

A ello añade su defensa que «ninguna cortesía merecen las autoridades requirentes», por cuanto quienes solicitan la extradición, explica, son el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general de Venezuela, Mikel Moreno y Tarek William Saab, respectivamente, que son personas sancionadas por la Unión Europea por violaciones de los derechos humanos.

 

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